Francia endurece la política de inmigración

El Gobierno francés ha dado el primer paso para endurecer las condiciones que permiten a los inmigrantes traerse a sus familias al país que les acoge. El nuevo ministro de Inmigración, Brice Hortefeux, presentó ayer ante el Consejo Constitucional un proyecto de ley -con 14 medidas básicas- que, en caso de reagrupamiento familiar, exigirá a los extranjeros realizar un curso en su país de origen para aprender francés y "los valores de la República". Además, París quiere aumentar el nivel de ingresos exigido para poder reclamar a parientes en el extranjero.

El endurecimiento de la política de inmigración -una de las promesas estrella del recién elegido presidente, el conservador Nicolas Sarkozy- se centrará en el reagrupamiento familiar, la vía por la que más inmigrantes llegan a Francia. Según aseguró ayer el ministro, de los 165.000 permisos de residencia concedidos el año pasado, 92.000 correspondían al reagrupamiento familiar, frente a los 11.000 concedidos por razones económicas.

"Está claro que existe un desequilibrio", indicó Hortefeux. Sin embargo, en sentido estricto, el reagrupamiento familiar -es decir, cuando un extranjero se trae a su familia- afectó sólo a 17.300 personas en 2006, según la Agencia Nacional de Acogida de Extranjeros y de las Migraciones. La cifra de Hortefeux podría corresponder al total de extranjeros regularizados por matrimonio o a hijos o familiares que ya estaban en Francia.

Reunificación familiar

Lo cierto es que en Francia, por el hecho de que ya hay más de una generación de inmigrantes, el flujo migratorio de los últimos años se ha llevado a cabo a través del reagrupamiento familiar.

Durante su campaña electoral, el presidente Sarkozy, que ya como ministro del Interior había aprobado dos leyes restrictivas en 2003 y 2006, insistió una y otra vez en la necesidad de una "inmigración escogida frente a una inmigración padecida".

El proyecto de ley sobre inmigración, integración y asilo se someterá este verano a la aprobación parlamentaria. Se trata del cuarto texto legal sobre este asunto en otros tantos años. La ley de Hortefeux obligará "al miembro de la familia que quiere instalarse en Francia" a someterse en su país de origen a una evaluación "de su grado de conocimiento de la lengua y de los valores de la República". Para ello, el Estado francés organizará in situ una formación "de una duración máxima de dos meses". Los inmigrantes ilegales en trámites de regularización también deberán demostrar un cierto nivel de conocimiento del idioma.

La ley de 2006 ya establecía que la persona que quisiera que su familia viniera a Francia debía estar en condiciones de mantenerla y contar con unos ingresos equivalentes al salario mínimo (1.200 euros brutos mensuales), sin contar las ayudas familiares y las subvenciones que pudiera recibir de la Administración. Ahora, el texto es más preciso y establece baremos de ingresos según los miembros que formen la familia.

En el mismo sentido, la nueva ley responsabiliza a la familia que acoge a un pariente venido del extranjero de la integración de éste. Hortefeux quiere establecer un "contrato de acogida y de integración" que establezca derechos y deberes, entre otros el aprendizaje del idioma. Además, los padres deberán responsabilizarse de la integración de sus hijos. El incumplimiento "manifiesto" de este contrato podría suponer la pérdida de las ayudas familiares, que pasarían a estar gestionadas por un juez de menores. Los que vuelvan a su país para montar un negocio recibirán hasta 5.000 euros por familia como incentivo. Ahora existe esa ayuda, pero es menor.

En lo que se refiere al asilo, la ley de Hortefeux procede a reformar los procedimientos de asilo en la frontera. Con la nueva legislación, los demandantes de asilo tienen 24 horas para presentar el recurso para quedarse en el país. Ahora son devueltos casi automáticamente, lo que ha provocado una condena reciente del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Por otra parte, la futura ley configura el nuevo ministerio que ocupa Hortefeux, cuyas competencias estaban repartidas entre Exteriores, Interior, Empleo y Justicia, y le transfiere la Oficina Francesa de Refugiados y Apátridas.