El CSIC y el BOE serán agencias para flexibilizar la contratación

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Boletín Oficial del Estado (BOE) están a punto de culminar el proceso por el que dejarán de ser organismos autónomos para convertirse en agencias estatales. El Gobierno impulsa esta nueva fórmula jurídica que permite más flexibilidad en la contratación de personal y, al mismo tiempo, un seguimiento más transparente de su rendimiento.

El Gobierno presentó la Ley de Agencias Estatales, aprobada hace casi un año, como uno de los hitos de esta legislatura. El Ejecutivo quiere encauzar con esta fórmula una catarata de organismos que nació en el franquismo. A pesar de esta aparatosa descentralización, la autonomía de muchos de estos entes públicos es limitada, mientras que las nuevas agencias podrán aplicar criterios más flexibles tanto en la contratación de personal como en la disposición de ingresos. A cambio, la nueva ley las obliga a alcanzar ciertos objetivos. Su gestión se medirá con indicadores y podrán ligar parte de la remuneración de sus empleados a su rendimiento.

Antes del CSIC y el BOE, el camino se inició con la Agencia de Evaluación. Y el Ministerio de Administraciones Públicas quiere crear otras nueve agencias estatales antes del final de la legislatura.

"Nuestra idea es poner orden en este bosque de entes públicos", explica Consuelo Sánchez, secretaria general para la Administración Pública. La nueva ley indica que la agencia estatal será el modelo que se utilizará en la creación de nuevos organismos y aboga porque buena parte de los existentes se reconviertan. Un empeño de gran magnitud: sólo los 70 organismos autónomos suman más de 60.000 empleos y concentran el 14% del presupuesto del Estado, con 42.000 millones de euros en 2007.

La propia ley se fija como objetivo la creación de una docena de agencias, la mitad basada en organismos autónomos ya existentes (ver gráfico). La primera en constituirse, en diciembre pasado, fue la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas. Del resto, sólo el CSIC y el BOE han presentado ya su proyecto de estatuto y la memoria, los documentos imprescindibles para su transformación.

La reconversión más compleja entre las agencias proyectadas es, de lejos, la del CSIC, el mayor organismo público de investigación en España, con más de 10.000 empleados repartidos entre 125 institutos y centros. "Para nosotros, esto es una necesidad imperiosa", señala Carlos Martínez, presidente del CSIC. En su opinión, el régimen legal existente dificulta una actuación rápida en un entorno tan competitivo como el de la ciencia internacional. Ahora, el Consejo está dispuesto a aprovechar al máximo las oportunidades que le brinda la nueva fórmula. Sobre todo, en la contratación de personal.

La ley indica que la relación de puestos de trabajo de las agencias debe completarse con funcionarios y personal contratado con las mismas condiciones de los organismos autónomos existentes. Pero da mayor margen para cubrir con contratos laborales los puestos de nueva creación. Un margen que el CSIC aprovechará con una nueva figura, la del científico asociado. "Serán contratos de cinco años. A los tres años, haremos una evaluación y entonces comunicaremos al interesado si el contrato acaba en el tiempo previsto, o si sigue y pasa a la plantilla", detalla Martínez.

El CSIC también hará uso de otra posibilidad: realizar contratos de alta dirección para cubrir puestos ejecutivos con personas que no tienen por qué tener la condición de funcionarios. Y abrirá la puerta de forma expresa a la incorporación de científicos o investigadores extranjeros en cualquiera de los niveles laborales del Consejo, algo que ahora es casi imposible.

"Esto es un cambio de cultura en la Administración", defiende Juan Antonio Garde, presidente de la Agencia de Evaluación, una institución que será determinante en el desarrollo del nuevo modelo: cada año presentará en el Congreso un informe en el que evaluará la actividad de las agencias.

"Si no se aprovecha la opción de recurrir al mercado para crear algunos puestos de trabajo específicos con mayor rapidez, nos habremos cargados el modelo", acota Eduardo Gutiérrez, de Atos Consulting, que asesora a algunos de estos organismos. La perspectiva de Yolanda Palomo, secretaria general de UGT para la Administración del Estado, es algo distinta. "Lo que nos preocupa es que esto derive en una fragmentación de las condiciones de trabajo", advierte.