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La juez ve factible acusar de prevaricación al cerebro de la estafa de Irún

Mikel Ormazabal

La juez que está investigando el presunto fraude de la Hacienda de Irún ha decidido transformar el procedimiento en diligencias previas al considerar "factible" que el delito de falsedad en documento público que se imputa actualmente al supuesto cerebro de la trama, José María Bravo, sea calificada finalmente como otro de prevaricación (dictar una resolución injusta a asabiendas), en cuyo caso no podrá ser juzgado por un jurado como estaba previsto hasta el momento.

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Irún, Almudena Ovejero, acuerda en su auto, fechado el pasado martes, transformar esta causa en diligencias previas por los "tres problemas" que plantea proseguir con la tramitación a través de la ley del Jurado. Aunque inicialmente se calificaron los hechos imputados al ex director de la oficina guipuzcoana como malversación y falsedad documental, la juez ve factible que la falsedad en documento público sea finalmente considerada como un delito de prevaricación que nunca puede ser enjuiciado por un jurado.

El auto razona que las resoluciones que emitía Bravo para declarar insolventes o prescritas las deudas de los contribuyentes eran "indiciariamente arbitrarias a sabiendas de ello". "No es difícil entender que la complejidad de los tipos penales aplicables [al ex jefe de la Hacienda de Irún] desaconseja la tramitación" mediante el proceso de la ley del Jurado, sostiene Ovejero.

La juez considera que la investigación realizada por la Fiscalía resulta "muy completa", pese a lo que no descarta la "aparición de nuevos imputados". Esta posibilidad, agrega, plantearía un problema si llegase a celebrarse la comparecencia y obligaría a repetirla.

Citado a declarar

La juez también acuerda citar a Bravo a declarar como imputado el próximo 26 de junio. Contra su resolución la defensa puede presentar un recurso de reforma o de apelación ante la Audiencia provincial. La esposa del ex director de la oficina de Irún, María Rosa Cobos, quien recurrió contra el auto de incoación del procedimiento de jurado, podrá interponer un recurso de queja en relación con la inadmisión a trámite de sus alegaciones.

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José María Bravo, hermano del ex senador del PNV Víctor Bravo, se encuentra en la prisión de Martutene desde el pasado 18 de mayo por orden de la misma juez. Deberá depositar en el juzgado una fianza de 400.000 euros para salir de la cárcel, cifra que sus familiares todavía no han conseguido reunir.

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Sobre la firma

Mikel Ormazabal
Corresponsal de EL PAÍS en el País Vasco, tarea que viene desempeñando durante los últimos 25 años. Se ocupa de la información sobre la actualidad política, económica y cultural vasca. Se licenció en Periodismo por la Universidad de Navarra en 1988. Comenzó su carrera profesional en Radiocadena Española y el diario Deia. Vive en San Sebastián.

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