Todo por las armas

Blair lo niega; la empresa constructora, también; el fiscal general lord Goldsmith, igualmente, y por supuesto el presunto beneficiario, el todopoderoso príncipe saudí Bandar Bin Sultán, ex embajador en EE UU e íntimo de los Bush. Nada de nada, según ellos, ante las revelaciones que The Guardian y la BBC han difundido sobre el supuesto pago de al menos 1.800 millones de euros que la firma británica de armas y aviones BAE Systems habría liquidado al príncipe durante por lo menos 10 años con el consentimiento del Ministerio de Defensa británico.

Los mentís oficiales no disipan, sin embargo, las sospechas de que ha habido una política de reiterados sobornos del Reino Unido a Arabia Saudí para lograr operaciones millonarias de venta militar. El premier británico decidió el pasado diciembre paralizar la investigación que la oficina antifraude venía efectuando desde hacía tres años. Blair hizo un alarde más que discutible de estadista que antepone los intereses y la seguridad nacionales por encima de todo, y sentenció entonces, sin pestañear, que continuar con la investigación significaría poner en peligro puestos de trabajo y la cooperación con Riad en materia de terrorismo.

El caso es probable que se remonte a los tiempos de Thatcher. Ahora bien, resulta clave saber si el presunto soborno continuó más allá de 2002, cuando entró en vigor una ley que prohíbe expresamente esta clase de pagos corruptos a funcionarios extranjeros. No deja de ser un ejercicio de cinismo por parte de Blair instar al presidente ruso Putin en la cumbre del G-8 a que cumpla con las normas de un Estado de derecho cuando los gobernantes de una nación de larga tradición democrática como el Reino Unido actúan con doble moral y no lo hacen.