Zapatero apuesta ahora por rebajar el perfil de la Constitución europea

Quien fue adalid de la Constitución europea, hasta el punto de promover el primer referéndum de ratificación del texto fundamental aprobado por los 25 en 2004 -el primero y casi el único, ya que sólo Luxemburgo siguió el ejemplo-, puede apostar hoy por depurar aquel acuerdo de todas sus implicaciones constitucionales. Eso es, al menos, lo que se propone hacer el presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, al asumir personalmente la negociación del tema con los demás líderes.

La ronda comenzará hoy por la tarde, cuando llegue a La Moncloa el primer ministro holandés, Jan Peter Balkenende. "Desconstitucionalizar" es la palabra clave. La han acuñado los socios para resumir su empeño de "simplificar" -en la práctica recortar drásticamente- el texto ya aprobado "sin desnaturalizarlo ni romper sus equilibrios internos". Algo así como la cuadratura del círculo.

Un experto diplomático describe el ejercicio como la elaboración del clásico cóctel europeo con suficientes elementos para que cada cual pueda decir que tiene lo que quiere. Los que rechazan el Tratado -Francia, Holanda, Reino Unido, Polonia y República Checa- dirán que la Constitución ha muerto y que el nuevo acuerdo no tiene nada que ver con el de hace tres años. Los 22 restantes, de los que 18 han ratificado ya el texto de 2004, lo presentarán como un paso hacia la integración europea, que retiene toda la sustancia y el valor práctico del precedente.

Problemas de Balkenende

Balkenende es uno de los líderes que más dificultades plantea para llegar a ese resultado. El otro es el presidente de Polonia, Lech Kaczinski, que se niega a renunciar al sistema decisorio aprobado el año 2000 en Niza, con tantas ventajas para polacos y españoles.

Los problemas que suscita Holanda son de otra índole. Zapatero ha preparado especialmente la respuesta a dos ideas que maneja Balkenende. Una es que los Parlamentos nacionales puedan limitar la actividad normativa de la Comisión Europea, vetándole campos concretos. La otra es que hay que reducir drásticamente las 40 nuevas materias susceptibles de ser decididas por mayoría cualificada introducidas en el Tratado constitucional.

España se muestra contraria a ampliar los derechos de veto de los Parlamentos nacionales al amparo del principio de subsidiariedad y considera que este tipo de desarrollo choca frontalmente con el Parlamento Europeo. No tendría inconveniente, en cambio, en que cayera algún tema de mayoría cualificada, salvo porque se adhiere firmemente a lo establecido por la presidencia alemana: que todo lo relativo a las decisiones forma parte del capítulo institucional y que, si se reabre éste, la negociación nunca llegará a puerto.

Por lo demás, moneda, bandera y demás símbolos supranacionales, incluida la expresión constitucional de la supremacía del derecho comunitario, son negociables para una visión española empeñada, ante todo, en que se supere el actual punto muerto.