Juez y parte en la I+D+i

¿Cómo es posible que una persona que dirige y participa activamente con su grupo de investigación pueda ser a la vez director xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación? ¿Cómo uno puede ser juez y parte a la vez?

La Ley de Transparencia y Buenas Prácticas en la Administración Pública Gallega fue la primera apuesta del actual Gobierno autonómico. Se supone que esta norma garantizaría la transparencia de la gestión pública, a la vez que debería permitir la difusión pública veraz sobre una actuación, no ya de los poderes públicos en su conjunto, sino de un gestor en particular de la Administración. En este sentido, la propia ordenanza explicita que cualquier ciudadano podrá solicitar o, mejor aún obtener, todo tipo de información relativa a sus derechos e intereses legítimos en cualquier procedimiento y/o actividad con el Gobierno gallego. Incluso dicta que las notificaciones y respuestas se han de facilitar por escrito, de forma clara y comprensible, garantizándose la suficiente difusión de las mismas sobre los derechos y recursos que, en su caso, sean pertinentes.

Cuando la justicia dé la razón a los demandantes, ¿quién cargará con la responsabilidad ética?

Por otro lado, es loable que se dedique un capítulo en exclusiva a los miembros del Ejecutivo y los altos cargos de la Administración, a los que se exhorta a prestar su servicio con imparcialidad, ética y transparencia. Se incide, además, en que dichas personas respetarán el principio de imparcialidad, de modo que mantengan un criterio independiente y ajeno a todo interés particular, o que no se implicarán en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones y que se abstendrán de intervenir en los asuntos en que concurra alguna causa que pueda afectar a su objetividad.

A priori pues, la actividad cotidiana del actual director xeral de I+D+i incumple la normativa citada. Si nos tomamos la molestia de analizar las últimas resoluciones de proyectos, ayudas, contratos de I+D+i (Parga Pondal...), se observará que el personal adscrito al grupo de investigación del mencionado director (Grupo BA2-Uvigo) ha salido beneficiado en todas aquellas actuaciones que ha solicitado y, en algún caso, por partida doble y, como consecuencia, aumentó el número de damnificados en el resto de grupos. Todo apunta a que, este año, se va a batir el triste récord del número de contenciosos administrativos presentados contra resoluciones de la Dirección Xeral, a pesar de la existencia de la mencionada Ley de Transparencia. Así, a modo de ejemplo, varias personas que solicitaron y a las que no se les concedieron contratos del Programa Parga Pondal se les ha incluso denegado la posibilidad de revisar, en tiempo y forma, la documentación completa de los demás candidatos, vulnerando claramente la ley, mientras han visto como los aplicados discípulos del mismo grupo del director xeral han logrado sus plazas sin problema alguno. ¿Dónde está la ética? ¿Dónde la imparcialidad? ¿Dónde está la transparencia?

Eso sí, "de forma clara y comprensible", el secretario de la comisión, nombrado a dedo por el director xeral, les ha indicado su derecho a presentar el correspondiente recurso contencioso administrativo ¡Sólo faltaba! Este tipo de procedimientos y sugerencias constituye el modus operandi del director xeral de I+D+i. Ya en el ambiente universitario en el que desarrolló su tarea como vicerrector de Investigación era conocido por invitar al contencioso administrativo con frecuencia. Por ejemplo, cuando convocó cinco plazas de catedráticos de I+D y concedió ocho, incumpliendo la norma de evaluación previa de los candidatos por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad. Tras cuatro años de litigios, todos los implicados en ese proceso deben, por sentencia judicial, abandonar sus cátedras. Unos, en justicia, y otros, injustamente, por falta de honestidad y transparencia. ¿Y ahora, quién le pone el cascabel al gato?

Cuando en 3 o 4 años la lenta pero inflexible justicia dé la razón a los demandantes, ¿quién cargará con la responsabilidad ética?, ¿cómo se va compensar a los damnificados? Sería deseable que, aplicando la Ley de Transparencia, el señor conselleiro de Innovación e Industria, que dijo y no hizo; o el propio señor presidente de la Xunta tomase cartas en el asunto antes de que el daño sea irreparable. Alea iacta est.

Pedro Pablo Gallego es decano de la Facultad de Biología de la Universidad de Vigo.