¿Está enferma la sanidad catalana?

La sanidad pública no figura, desde hace bastantes años, entre las primeras preocupaciones en los sondeos que se realizan a los ciudadanos porque ese servicio goza de un nivel aceptable. Pero sorprende que en la actual coyuntura catalana, con grandes esfuerzos presupuestarios, inversiones y bien dirigidos programas de mejoras de los servicios públicos sanitarios, se hable más que nunca de crisis.

Dos circunstancias están presionando nuestros servicios sanitarios: una larga etapa de falta de dedicación política a la mejora del funcionamiento de los servicios sanitarios, y la aparición de más de un millón de nuevos usuarios, fruto de la oleada migratoria.

Las mejoras en Cataluña están bien encaminadas y se focalizan en las áreas críticas del sistema: el funcionamiento de la atención primaria y de su capacidad de resolución; la coordinación de niveles asistenciales, que causan todavía demasiadas molestias a enfermos y profesionales; la mejora de los servicios de emergencia hospitalarios... En este terreno está casi todo diagnosticado y las propuestas de mejora son claras y están dando resultados. Pero los mejores resultados tardarán algún tiempo en llegar, hasta acabar obras y poner en marcha nuevos centros, o conseguir una historia clínica de uso común en todo el sistema catalán, como otras comunidades han conseguido. Y es que un largo periodo de deterioro de cualquier servicio público no es fácil de revertir.

Hay que consensuar un modelo que coloque a Cataluña a la cabeza de los servicios públicos

En cuanto a los profesionales, atraviesan un periodo de desasosiego, y no sólo en España. Habría que distinguir entre la insatisfacción por motivos salariales, con la derivada de otros factores de crisis profesional. Cataluña ha hecho un esfuerzo presupuestario histórico para mejorar los salarios. El médico, cada vez más relegado a una condición de funcionario, con escasa autonomía ejerce en centros donde ha predominado una cultura de gestión demasiado centrada en el control de la actividad, poco estimulante del compromiso y satisfacción de sus profesionales.

Por otro lado, no es realista aspirar a los beneficios de funcionario público, y simultáneamente pugnar por un status profesional propio de organizaciones privadas. Cuando se consolidó el Sistema Nacional de Salud en los años ochenta, se optó por un modelo que aseguraba pleno empleo de por vida a la profesión médica, pero con bajos salarios y obligaciones laborales de geometría variable; en cambio, se perdieron valores positivos del profesional liberal, etcétera.

Los médicos deberían apostar por un entorno profesional más autónomo, ganando peso y protagonismo en la dirección de los centros a cambio de comprometerse a un cierto riesgo, siempre limitado en el sector público, y aceptar que se evalúe objetivamente los resultados. Y los gestores deberían reconsiderar la forma en la que dirigen los centros: sus profesionales no son empleados manufactureros.

El actual modelo sanitario catalán, creado a finales de los años ochenta, se inspiraba, en parte en las reformas de signo conservador que se desarrollaban en los servicios públicos en Europa. Ha sido un modelo de referencia para otras regiones e incluso países y, en mi opinión, demasiado sobrevalorado en sus virtudes, al tiempo que juzgado benévolamente en sus defectos.

Un primer ejemplo: el abandono durante muchos años del Instituto Catalán de la Salud (ICS), principal institución sanitaria pública, por voluntad política explícita o incapacidad de reformarlo. El caso es que el ICS es similar a otros servicios regionales de salud, bien apreciados por los ciudadanos de otras comunidades, y por ello es difícil entender la animadversión que su existencia ha originado en algunos sectores de la sanidad catalana. Afortunadamente, la ley que tramita el Parlament debería servir para reformarlo y modernizarlo.

El segundo ejemplo es la existencia de muchas entidades jurídicas que prestan servicio sanitario público. Los ocho millones de andaluces cuentan con el Servicio Andaluz de Salud, que agrupa hospitales y centros de salud, y una decena de empresas públicas. Los siete millones de catalanes con el ICS, que reúne 8 hospitales y 300 centros de salud, unos 50 hospitales y una veintena de centros de salud, cada uno con una titularidad jurídica y órganos de gobierno diferentes.

El sistema catalán es más complejo, y su gestión (probablemente) más costosa; tiene ventajas (más innovación, cierta competencia entre centros), pero también desventajas: es más difícil ejercer la autoridad política, lo que ha comportado que en el campo de las tecnologías de la comunicación Cataluña esté más atrasada porque donde el modelo es más sencillo, las decisiones de modernizar los sistemas de información han sido más fáciles y menos costosas.

Tranquilizaré a los celosos guardianes del tarro de las esencias: no propongo desmontar el modelo catalán, simplemente pongo de relieve la necesidad de ser menos autocomplacientes y más rigurosos y objetivos al juzgarlo.

El tercer ejemplo es la diferencia entre el modelo catalán y el de otras comunidades: en éstas, casi todo el presupuesto esta secuestrado en los centros de administración pública, lo cual causa una probable pérdida de eficiencia por la existencia de rigideces burocráticas. En Cataluña, un tercio del presupuesto sanitario público (más de 2.000 millones de euros) se contrata con decenas de proveedores de titularidades diversas, desde empresas públicas hasta fundaciones sin ánimo de lucro, consorcios o empresas privadas. Este modelo de contratación ha creado un mercado de agentes que influyen y aspiran a maximizar su cuota de ingresos públicos; ello es legítimo y en otros países ocurre lo mismo.

Muchas fuerzas e intereses desean mantener el statu quo, lo cual explica el bajo nivel de crítica al modelo sanitario, a pesar de sus evidentes imperfecciones. Algunos centros de pensamiento e instituciones prestadoras de servicio o se financian desde el sistema o tienen intereses comerciales en el mismo, lo que les hace adoptar posiciones poco críticas o muy conservadoras, obstaculizando una reforma del modelo que lo haga más transparente, simple y eficaz.

El capital político y el liderazgo de la consejera Geli y el sosiego en la gestión de los asuntos públicos logrado en Cataluña configuran un escenario ideal para conseguirlo. Y debería hacerse mediante un dialogo amplio con todos los agentes del sistema, respetando todas las opiniones por heterodoxas o rupturistas que éstas sean. Creo que es posible consensuar un nuevo modelo sanitario que vuelva a colocar a Cataluña en la cabeza de los servicios públicos del Estado. La sanidad catalana no está -todavía- gravemente enferma, sólo presenta preocupantes síntomas de deterioro que son curables.

Raimon Belenes es gestor sanitario.