Las cámaras de seguridad permitieron resolver 23 delitos en 2006

Las cámaras de videovigilancia de bancos y establecimientos comerciales de Andalucía fueron determinantes para esclarecer 23 delitos en 2006. Además, ayudaron a resolver otra veintena de atracos y robos. Cada vez son más los ayuntamientos que quieren contar con la ayuda de videovigilancia para mejorar la seguridad ciudadana, pero antes han de justificarlo ante una comisión de expertos. La comisión encargada de autorizarlo ha rechazado 11 solicitudes y ha aprobado siete.

Los dos individuos armados con pistolas y navajas que a principios de 2006 entraron en una sucursal de la Caja Rural de Jaén en Andújar, amenazaron a los presentes y se llevaron 21.035 euros lo habían planificado todo. Seguramente sabían que el edificio tenía instaladas cámaras de seguridad, por lo que uno de los atracadores se puso un pasamontañas antes de entrar y el otro se colocó unas gafas y una peluca de color negro. Al primero le salió bien y la policía no logró identificarlo. El disfraz de su cómplice, sin embargo, no fue suficiente y el atracador fue detenido poco después de que los investigadores repasaran las imágenes.

Las cámaras de videovigilancia instaladas en entidades bancarias ayudaron el año pasado a esclarecer una decena de atracos en Andalucía. Según la policía, son las que mejor calidad de imagen dan y, por eso, las que a la postre resultan de verdad determinantes para identificar a los autores de robos. También son las que menos recelo provocan en los ciudadanos, que toleran mejor sentirse vigilados dentro de un banco que en la calle, un parque o un centro comercial, donde cada vez son más habituales.

Las últimas cámaras en instalarse han sido las que grabarán casi todo lo que ocurra en el centro de Málaga. 17 ojos digitales que el Ayuntamiento y la Subdelegación del Gobierno querían poner desde 2003. La Comisión de garantías de la Videovigilancia en Andalucía rechazó el proyecto en dos ocasiones al considerar que no estaba justificada la medida. A la tercera, en octubre de 2005, las autorizó.

La instalación de cámaras fijas y móviles en lugares públicos quedó regulada por ley en agosto de 1997. La conocida popularmente como Ley de Videovigilancia llegó precedida por protestas de jueces, políticos y ONGs, pero las críticas se fueron silenciando en el tiempo que transcurrió entre la aprobación de la norma y la publicación del reglamento que le dio forma. La ley entró en vigor el 18 de abril de 1999. Desde entonces, existen cámaras autorizadas a captar todo lo que suceda en espacios públicos bajo la supervisión de la policía.

El texto de la norma zanja en unas líneas la posible colisión entre el derecho a la intimidad y el que establece la garantía de seguridad: "La captación, reproducción y tratamiento de imágenes y sonidos no se considerarán intromisiones ilegítimas en el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen", advierte el artículo 2. La presencia de las cámaras en un área de 500 a 900 metros debe estar anunciada con carteles, aunque no se especifica su emplazamiento concreto. La ley estipula que las cintas deberán ser destruidas un mes después de la grabación, excepto cuando las grabaciones tengan que ver con infracciones penales o administrativas.

"Hasta entonces había un vacío legal, pero quedó bien resuelto", opina Agustín Ruiz Robledo, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada. Ahora, cuando un Ayuntamiento o cualquier colectivo quiere que se instale una cámara en un espacio público abierto o cerrado, debe pedir una autorización a la Comisión de Control de los Dispositivos de Videovigilancia, que preside el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Si este órgano autoriza la instalación, el ciudadano que no quiera ser grabado no le queda más opción que evitar pasar por el lugar.