La jueza de la dana cita a declarar como testigos a la delegada de Gobierno y al presidente de la Diputación de Valencia

Ya hay fecha para escuchar ante una juez a los primeros responsables políticos investigados por la mayor catástrofe que ha arrasado Valencia, la dana que dejó 225 muertos y tres desaparecidos el pasado 29 de octubre. La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, tomará declaración como imputados el próximo 11 de abril a la exconsejera de Justicia e Interior y responsable de Emergencias de la Generalitat, Salomé Pradas, y al ex secretario autonómico de ese departamento Emilio Argüeso, según una resolución notificada este lunes.

La jueza otorgó la semana pasada la condición de investigados a Pradas y Argüeso, que fueron destituidos por el president, Carlos Mazón, cuatro semanas después de la tragedia. La instructora considera que la exconsejera, que ya no es aforada, actuó como “máxima autoridad” en la gestión de la riada y la llama a declarar en el marco de una causa que investiga homicidios (penado con entre uno y cuatro años de prisión) y lesiones imprudentes (hasta tres de cárcel) de 225 personas.

La magistrada también ha citado en calidad de testigos para el próximo 14 de abril a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, del PSPV-PSOE; y al presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, del PP.

La jueza ya rechazó la petición del grupo ultra Hazte Oír de imputar a Bernabé y argumentó que la gestión de Emergencias del 29 de octubre fue “competencia autonómica”.

El día 29 del próximo mes, también comparecerán dos técnicos como testigos, que por esta condición están obligados a decir la verdad. De lo contrario, corren el riesgo de ser imputados por falso testimonio.

Rechazo a investigar los coches oficiales del ‘president’

La instructora ha denegado la solicitud de la acusación popular que ejerce Acció Cultural del País Valencià de requerir datos como el conductor, desplazamientos y horarios de los vehículos oficiales usados por Mazón y sus escoltas el día de la dana. La magistrada justifica esta negativa en la condición de aforado del jefe del Consell. “No es factible la realización de diligencias de investigación sobre su actuación”, apunta. Y recuerda que el titular de la Generalitat no puede ser investigado por un juzgado de instrucción. La citación como imputado de Mazón tendría que aprobarla el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) tras el razonamiento de la instructora, que ya abrió la puerta a la declaración del president como investigado de forma voluntaria y el dirigente rechazó esta posibilidad.

Ruiz Tobarra también deniega la misma solicitud de diligencias para rastrear los vehículos oficiales de Pradas y Argüeso. Sostiene que “no consta que los mismos no se hubieran incorporado a la reunión” del Cecopi (el centro de emergencias de la Generalitat) “o que dicha incorporación se hubiera efectuado con retraso”. Y también rechaza conocer el posicionamiento de los coches oficiales del director y subdirector general de Emergencias. La jueza precisa que estos altos cargos no están imputados.

Sobre una de los grandes agujeros negros del día de la catástrofe, las deliberaciones de la reunión del Cecopi en la que se envió la tardía alerta a móviles, la jueza abre la puerta a que las 29 instituciones estatales, autonómicas y municipales que participaron en este dispositivo aporten voluntariamente sus grabaciones.

La magistrada, de nuevo, se sorprende de que en la cita del Cecopi, que fue convocada a las 17.00 horas por el departamento de Emergencias de la Generalitat, no se levantara acta ni registrara en vídeo Y abre la puerta a recibir las grabaciones que puedan aportar de forma voluntaria las instituciones que participaron de forma telemática en el dispositivo.

Situado bajo el foco de las pesquisas, el Cecopi acordó el envío del mensaje masivo a los teléfonos, que llegó a las 20.11 horas, cuando ya había decenas de fallecidos, desaparecidos y personas atrapadas en garajes y plantas bajas. La jueza intenta ahora desgranar por qué la Generalitat demoró este aviso, pese a tener conocimiento desde primera hora de la mañana de rescates y situaciones de riesgo a través del 112, el servicio de atención de emergencias autonómico. Los operadores de este centro recibieron 15.000 llamadas de desesperación antes de la alerta a móviles.