Vox exige participar en el reparto de fondos de la dana para apoyar los presupuestos valencianos

Vox quiere “participar directamente con la Generalitat en el plan de distribución de recursos para la reconstrucción tras la gota fría”, a pesar de que no forma parte del Gobierno valenciano. También exige que el presidente Carlos Mazón se comprometa a que su comunidad “no aceptará ni a un mena [menor extranjero no acompañado] más” en su territorio. Y reclama un “recorte histórico de la cooperación al desarrollo”, además de una reducción “significativa las subvenciones a la promoción del valenciano”. Esas son algunas de las condiciones que pone el partido ultra para apoyar los Presupuestos de la Generalitat Valenciana para este año, después de que Mazón haya cedido a sus exigencias al asumir públicamente los postulados de Abascal en materia de cambio climático o inmigración.

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha celebrado este lunes que el presidente valenciano se haya alineado con sus posiciones en dos temas esenciales: la denuncia del Pacto Verde, que el PP y sus socios europeos suscribieron en Bruselas; y el rechazo a las políticas que, según su terminología, “alientan y fomentan la inmigración ilegal, masiva e incontrolada”. “No sé cuál será el rumbo del señor [Alberto Núñez] Feijóo”, ha apostillado. “Lo que tengo claro es que el señor Mazón ha rectificado públicamente, ha reconocido que Vox tenía razón”.

Para Garriga, este reconocimiento era un requisito previo para desbloquear la negociación sobre los presupuestos autonómicos de 2025, ya que el líder de su formación, Santiago Abascal, había dejado claro que este asunto “no se podía afrontar” sin que Mazón hiciera una declaración “en la dirección correcta”. El número dos de la formación ultra ha lanzado un aviso a navegantes a los presidentes autonómicos del PP que carecen de mayoría parlamentaria (los de Castilla y León, Aragón, Murcia, Extremadura y Baleares) para que sigan el mismo camino. “Ya saben la dirección en la que encontrarán a Vox para tener presupuestos”, ha dicho.

El desbloqueo de las negociaciones con el PP valenciano no significa que Vox dé por descontando su apoyo a los presupuestos de la comunidad para este año. A cambio de su voto, Garriga ha desgranado una serie de exigencias, muchas de ellas difícilmente digeribles para el PP, plasmadas en un documento del grupo parlamentario ultra de las Cortes Valencianas con 24 medidas:

Inmigración. Vox pide el “compromiso explícito” de que la Comunidad Valenciana no aceptará en su territorio ni a un solo menor inmigrante no acompañado. Además, reclama la supresión de cualquier tipo de subvención para las ONG “de apoyo a la inmigración ilegal”; es decir, aquellas que prestan ayuda humanitaria a los inmigrantes, entre las que se incluyen algunas de la Iglesia Católica. También pide que se incorpore al presupuesto una partida “para realizar pruebas fiables de diagnóstico de edad” a los inmigrantes, aunque esta labor corresponde a la Fiscalía; y la reserva de fondos “para un plan de retorno de inmigrantes irregulares”, lo que también escapa a las competencias de la Administración autonómica, ya que expulsión solo puede decidirla el Gobierno central bajo tutela de un juez.

Recorte histórico en Cooperación. Vox reclama “el mayor recorte histórico de la cooperación al desarrollo en la Comunidad Valenciana”, en torno al 40% del total, unos 22,5 millones de euros. Garriga ha pedido que “lo poco que quede” de ese fondo se dedique a “contener la inmigración ilegal” y a promover proyectos de empresas valencianas en el extranjero. Entre otras exigencias, quiere que se eliminen “por completo” las subvenciones a las “entidades propalestinas” y que se cancele el convenio por el que la Generalitat apoya con 600.000 euros a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA), que presta asistencia a más de tres millones de personas.

Contra el Pacto Verde. En tono arrogante, el secretario general de Vox ha exigido que la Generalitat valenciana no destine “ni un solo euro a chorradas ideológicas”, como se ha referido a la lucha contra el cambio climático. En concreto, Vox quiere suprimir las partidas destinadas a cumplir los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU o a garantizar el desarrollo sostenible, así como todas las tasas derivadas del mismo.

Memoria democrática. Garriga también se ha mostrado despectivo cuando ha exigido la supresión de los fondos destinados “a las mamarrachadas de la Ley de Memoria Histórica”, manteniendo solo los obligatorios para la identificación de cadáveres bajo el epígrafe de la nueva Ley de Concordia que el partido ultra pactó con el PP, con un recorte de al menos el 40% del presupuesto.

Menos ayudas al valenciano. Vox pretende “recortar de forma significativa el presupuesto de la Academia Valenciana de la Lengua, a la que, en opinión de Garriga, “le sobra mucho dinero”. Y también pretende “recortar de manera significativa las subvenciones a la promoción del valenciano que, según el secretario general de Vox, “van a estar en la mesa de negociación”.

“Prioridad nacional”. El grupo ultra pide que se incrementen las ayudas fiscales por hijo, lo que solo beneficia a las familias que tienen que hacer declaración de la renta, y que se establezca el principio de “prioridad nacional” en la concesión de las ayudas, lo que supone discriminar a los extranjeros con residencia legal en España y puede vulnerar la legislación comunitaria.

Rebajas fiscales. Frente a la inconcreción de otros puntos, la propuesta fiscal es muy detallada. Vox pide rebajar en dos puntos el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, actualmente en el 10%, en los dos próximos años; rebajar el tipo general del impuesto de Actos Jurídicos Documentados al 1,2% en los próximos dos años a razón de una décima por año; rebajar el tipo reducido del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales del 10% al 4% para “parcelas con vocación agraria”; ampliar la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones a hermanos y sobrinos; equiparar el impuesto de Patrimonio al de grandes fortunas; suprimir las tasas a los pescadores y acometer “a lo largo de 2025 una ambiciosa reforma del IRPF”. A pesar de que incluye incluso calendario de aplicación, Vox no evalúa cuanto dejaría de ingresar la Generalitat con estos recortes.

La motosierra. Los recortes de gastos que propone Vox son mucho menos concretos, a pesar de que durante un año formó parte de la Administración autonómica y la conoce por dentro. Solo exige una “reducción significativa de las subvenciones a agentes sociales, chiringuitos ideológicos y de igualdad”; así como un recorte del presupuesto de “organismos autónomos, entidades de derecho público y sociedades mercantiles, fundaciones y consorcios”.

Plan de reconstrucción. Es el punto más sorprendente de la lista de exigencias del partido ultra: “Vox participará directamente con la Generalitat en el plan de distribución de recursos para la reconstrucción tras la gota fría”. No explica, sin embargo, cómo un partido que no forma parte del Gobierno puede participar directamente en el reparto de ayudas públicas. Añade que Vox y PP trabajarán “en un plan conjunto de reconstrucción y protección de la comunidad”; que “todo el dinero ahorrado en gasto superfluo se destinará a ayuda a la reconstrucción” y que la Generalitat “asumirá las sanciones de Bruselas o Madrid para la limpieza de la vegetación de los cauces” (es decir, aquellas multas que pudieran hipotéticamente imponerse por realizar estas tareas sin permiso) e “impulsará su saneamiento y adecuación”. El documento de Vox utiliza en todo momento el término coloquial “gota fría” y evita el más científico de dana (siglas de depresión aislada en niveles altos), a pesar de que se ha popularizado hasta el punto de que ha entrado en el diccionario de la RAE.

Garriga ha asegurado de que estas medidas son solo unas “pequeñas pinceladas” de las exigencias que planteará Vox si el PP quiere sacar adelante los presupuestos, pero “habrá mucho más”, ha advertido, pues el objetivo es profundizar en un “cambio de rumbo” que Mazón ya ha emprendido. “Vamos a ver unos presupuestos que nunca antes se han visto en una comunidad autónoma”, ha proclamado, obviando que Castilla y León, Extremadura, Murcia, Aragón y Baleares, además de la propia Comunidad Valenciana, aprobaron sus presupuestos de 2024 antes de que se rompieran los pactos con Vox.