SB-2: la nueva ley de Florida se ensaña contra los inmigrantes sin documentos

Ron DeSantis se ha anotado una victoria política con la aprobación de la nueva legislación migratoria del Estado (la SB-2), la que expertos en materia migratoria ya tildan como la más dura del país. “Florida será un Estado más seguro”, afirmó el republicano, quien busca que la ley sirva de modelo para otros territorios. Entró en vigor el pasado 14 de febrero, con la expansión del ya existente programa 287(g) ―un acuerdo de cooperación de 67 condados con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)― y ordena que todos los cuerpos de seguridad —policía estatal, alguaciles (sheriffs) y policías municipales— colaboren con los agentes federales de inmigración sin excepciones.

La norma también incluye penas más altas para delitos menores, y la imposición obligatoria de la pena capital (sin un jurado) en casos de asesinato en primer grado o violación de menores. Solo por dar un ejemplo, el hurto menor en el Estado se castiga hasta con un año de cárcel y una multa de 1.000 dólares. Si este delito es cometido por un inmigrante indocumentado, ahora se castigará hasta con cinco años de prisión y una multa de 5.000 dólares. Las medidas también crean un nuevo delito estatal, el de ingresar a Florida después de haber entrado al país sin autorización. “No vengan a Florida ilegalmente. Esa es la premisa”, declaró al respecto, Lawrence McClure, representante estatal.

Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han expresado su rechazo total a la legislación porque la acusan de violar el principio de igual protección ante la ley, consagrado en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución. Cómo se justifica que la sanción a un delito aumente dependiendo si el acusado es ciudadano, residente o inmigrante irregular, argumentan. En este sentido, el director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles Florida (ACLU), Bacardi Jackson, expresó en un comunicado que ningún Gobierno debería promover una agenda política extrema que perjudique el bienestar de todos. “La agenda de deportación masiva de [Donald] Trump llevará a que las personas, incluidos los ciudadanos estadounidenses y las personas con estatus protegido, sean detenidas o arrestadas simplemente por el color de su piel o su acento”, denunció. “Al obligar a las fuerzas del orden de Florida a participar en esta cruel agenda, el derecho al debido proceso y otros derechos legales básicos que se proporcionan a todas las personas en los Estados Unidos están en riesgo”, agregó.

La preocupación también abarca a empresarios locales de sectores como la agricultura, la construcción y la hostelería, quienes emplean a una gran cantidad de inmigrantes y temen que la aplicación de la nueva legislación afecte la disponibilidad de empleados en estas industrias claves para la economía del Estado.

Creación de la Junta Estatal para el Control Migratorio

La nueva ley ordena la creación de un zar estatal en materia migratoria para forzar a las autoridades locales a apoyar con las federales en el plan de deportaciones masivas del presidente Trump. El designado para esta tarea fue Larry Keefe, un aliado de larga data del gobernador DeSantis, y quien en 2022 jugó un rol clave en la planificación de los polémicos vuelos que trasladaron a inmigrantes venezolanos hasta Martha’s Vineyard. “Este es un trabajo perfecto”, afirmó Keefe tras su nombramiento. A partir de ahora, supervisará un presupuesto de más de 200 millones de dólares en subvenciones destinadas a reforzar la seguridad migratoria de Florida.

Pena capital

Uno de los aspectos más llamativos de la nueva ley es la aplicación obligatoria de la pena de muerte para inmigrantes indocumentados que hayan cometido un asesinato en primer grado o violación de menores. La abogada Kara Gross, asesora de ACLU, declaró a ABC News que existe un “precedente legal que establece que las leyes de pena de muerte obligatoria son inconstitucionales”. Este se refiere al fallo del Tribunal Supremo de 1976, que basado en el dictamen de un caso en Carolina del Norte, dispuso que las sentencias de muerte automáticas violan la Octava Enmienda de la Constitución, la que prohíbe castigos crueles e inusuales. Uno de los patrocinadores de la ley, el senador estatal republicano Randy Fine, reconoció abiertamente que la norma se enfrentará a un desafío legal, pero espera que el Supremo “cambie de opinión” al respecto.

Colaboración total con el ICE

En el pasado, algunos condados de Florida adoptaron políticas de ciudades santuario que limitaban la colaboración de sus policías con el ICE. Con la entrada en vigor de la nueva ley, todas las agencias estatales y locales están obligadas a colaborar en la aplicación de las leyes federales de inmigración. Los funcionarios que desafíen la normativa podrían ser destituidos y multados hasta con 5.000 dólares. El fiscal general del Estado también puede demandar a los Gobiernos locales que no cumplan. Ahora, la policía local puede ejecutar detenciones sin la aprobación de un juez.

Cese de beneficios para estudiantes sin documentos

La ley también tiene implicaciones para el pago de la matrícula universitaria de estudiantes indocumentados. Estos ya no recibirán trato de residentes y tendrán que pagar como extranjeros. Muchos verán triplicadas sus facturas y se enfrentarán a la dificultad de continuar sus estudios por motivos económicos. Esta disposición incluye a los dreamers, los beneficiarios de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) que ahora también pagarán más.