DeSantis propone la pena de muerte obligatoria para los indocumentados culpables de delitos capitales

Donald Trump hablaba en serio cuando prometió en campaña que volcaría todas sus fuerzas en hacer frente a la inmigración ilegal. Para ello no está solo, sino que cuenta con sus fieles partidarios de Florida. Además del temor con el que desde hace casi un mes viven los inmigrantes —cuando mandan a sus hijos a la escuela, asisten a una consulta médica o van de compras al supermercado—, el gobernador republicano Ron DeSantis está convencido de que los indocumentados deben pagar ciertos delitos con la más extrema de las sanciones, es decir, con su vida. Varios legisladores del Estado del Sol pretenden implementar la pena de muerte de manera “automática” y “obligatoria” para quienes permanecen de forma ilegal en el país y hayan sido condenados por delitos capitales.

La propuesta despierta desacuerdos entre republicanos, demócratas y aquellos conocedores de la ley que la tildan de inconstitucional. Se trata de un proyecto de ley que asegura que el tribunal “condenará a muerte a un acusado que sea extranjero no autorizado” y que haya sido declarado culpable de un delito capital, lo cual limita el margen de decisión del juez o un jurado, condenando a todos por igual sin analizar las individualidades de cada caso, sin tener en cuenta factores “agravantes” y “atenuantes” en el proceso.

Los proyectos de ley HB 3C y SB 4-C darían luz verde a que los tribunales apliquen la pena máxima a inmigrantes indocumentados condenados por asesinato en primer grado, violación de menores de edad, así como el tráfico de sustancias controladas, que constituyen delitos capitales en el Estado de Florida. También extiende la pena capital a los inmigrantes ilegales que sean miembros de bandas delictivas.

En un memorando dirigido a los legisladores, el presidente del Senado, el republicano Ben Albritton y el presidente de la Cámara, Danny Pérez, aseguraron que el propósito principal de aprobar estas leyes era “combatir la inmigración ilegal”. “Si un inmigrante ilegal es condenado por un delito capital, incluido el asesinato o la violación de un menor, la pena de muerte es obligatoria”, sostuvieron.

Maria DeLiberato, la directora ejecutiva de Floridanos por Alternativas a la Pena de Muerte (FADP, por sus siglas en inglés), una organización que trabaja para poner fin a la pena de muerte en el Estado, compartió con EL PAIS la carta enviada al Comité de Asignaciones del Senado de Florida. El texto asegura que este proyecto de ley ataca directamente la 6ª Enmienda, eliminando “el derecho a un juicio con jurado en una sentencia capital”, y exige que un tribunal imponga una sentencia de muerte “obligatoria de manera inmediata”, algo que considera “constitucionalmente inadmisible”, ya que conlleva la anulación de 50 años de precedentes legales establecidos por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Los miembros de FADP están convencidos de que se trata de una oportunidad por parte de los legisladores para utilizar la inmigración como pretexto para imponer este tipo de sentencias. “Cualquier expansión de la pena de muerte en Florida es alarmante, pero esta expansión, colada en una legislación que pretende abordar la inmigración, es particularmente peligrosa”, aseguraron en un comunicado. Según la organización, el proyecto de ley SB 4-C no aborda los visados, las fronteras u otros aspectos relacionados con las políticas de inmigración. Por tanto, “no reducirá el número de inmigrantes indocumentados en Florida abordando las causas profundas de la migración, ni lo hará aumentando la aplicación de las políticas existentes”.

La noticia llega días después de que Trump firmara desde la Casa Blanca una orden ejecutiva para “restaurar la pena de muerte y proteger la seguridad pública”, asegurando que la pena capital “es una herramienta esencial para disuadir y castigar a aquellos que cometan los crímenes más atroces y actos de violencia letal contra los ciudadanos estadounidenses”. El documento resalta que serían castigados los extranjeros que permanezcan de manera ilegal en Estados Unidos y que hayan cometido alguno de estos delitos. No obstante, contrario a los floridanos, el decreto de Trump sí da margen a que los jueces apelen a la discrecionalidad en caso de dictar su sentencia.

Es parte de la avalancha de decretos y decisiones que está implementado Trump en su afán de echar del país a más de 13 millones de emigrantes, que incluye la eliminación de toda medida que brinde protección temporal o algún tipo de estatus legal a los indocumentados, el cierre de refugios, las redadas de los agentes de ICE en varias ciudades, la militarización de la frontera y el envío de aviones con decenas de deportados.

Con la medida que contempla la pena de muerte, DeSantis y los adeptos de Trump en Florida estarían infundiendo el miedo y garantizando que se cumpla la política antiinmigrante del actual presidente, en un Estado donde hoy viven más de seis millones de latinos. Para ello se proponen destinar 250 millones de dólares en subvenciones a las fuerzas de seguridad locales y 48,2 millones de dólares al Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor, encargados de aplicar la ley.

El nuevo proyecto también propone convertir en un delito menor la permanencia en el Estado de inmigrantes indocumentados mayores de 18 años, “después de entrar en los Estados Unidos eludiendo o evitando el examen o inspección de los oficiales de inmigración”. Las personas que incurran en este delito deberán pagar con nueve meses de cárcel, y los reincidentes podrían ser condenados a un año y un día de prisión. Asimismo, establece penas mínimas obligatorias de hasta cinco años por regresar al Estado después de haber recibido la orden de abandonarlo.