Los Estados republicanos endurecen las leyes contra los inmigrantes indocumentados

El clima antiinmigrante se ha instalado en los parlamentos regionales. No ha pasado ni un mes desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, y los Estados gobernados por el partido republicano ya trabajan en una revisión de su marco legal referido a la inmigración irregular para endurecerlo con miras a apoyar a la nueva Administración en su objetivo de ejecutar la mayor deportación de la historia.

Si bien la legislación que regula la inmigración en Estados Unidos es una ley federal, son las leyes estatales y la maquinaria impulsada por los Estados las que impulsan la aplicación de la misma. Los planes de Trump no tendrán éxito si las regiones no son recíprocas con su agenda migratoria. De ahí la guerra de Washington contra las ciudades santuario que protegen a inmigrantes indocumentados. Según cifras del Centro de Recursos Jurídicos para Inmigrantes, entre el 70% y el 75% de las detenciones practicadas en la última década por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el interior del país han procedido de otro organismo policial. Por tanto, son los Estados, y sus sistemas internos de aplicación de la ley y de justicia penal, los que impulsan el sistema de detenciones y deportaciones masivas.

El zar de la frontera, Tom Homan, declaró esta semana que han triplicado los arrestos realizados por Gobierno de Joe Biden el último año. Unas 900 personas sin papeles estarían siendo procesadas diariamente. Sin embargo, el ritmo de arrestos y deportaciones no es el esperado por Washington. “Hay más criminales ilegales que necesitan ser detenidos, cientos de miles, bloqueos en las ciudades santuario, filtraciones... necesitamos incrementar el número de aprehensiones”, expresó Homan en rueda de prensa. Ante la frustración del equipo de Trump, estos Estados trabajan en nuevas leyes para sortear los obstáculos encontrados en territorios más protectores con la inmigración irregular.

Florida

A finales de enero, el Congreso local aprobó la llamada Trump Act (ley de Tácticas y Reforma de la Política de Migración Ilegal), impulsada por los senadores republicanos Joe Gruters y Lawrence McClure. La norma crea una nueva oficina estatal de inmigración, con su propio zar en la materia, cuyas funciones recaerán en el actual comisionado de agricultura, Wilton Simpson. Este dispondrá de un presupuesto de 100 millones de dólares para financiar la capacitación, adquisición de equipos y arrendamiento de instalaciones utilizadas en la detención de inmigrantes (el departamento estará conformado por 140 funcionarios). Otros 375 millones de dólares dirigidos a reforzar la colaboración de las agencias estatales, municipales y contratistas del Gobierno local con ICE; y 25 millones adicionales para bonificar con 1.000 dólares a los oficiales que colaboren con las autoridades en operativos y redadas.

La ley también impone nuevas penas para delitos cometidos por inmigrantes sin papeles. Por ejemplo, el condenado por un delito capital, incluido el asesinato o la violación de un niño, recibirá la pena de muerte; y suprime normas vigentes como la que desde 2014 permitió a miles de estudiantes indocumentados el acceso a la matrícula estatal de universidades y colegios públicos de Florida.

Durante el debate legislativo, los demócratas cuestionaron la constitucionalidad de estas medidas, así como la ausencia de procedimientos para la aplicación de las penas y las agencias estatales responsables de implementarlas. Pero las críticas no solo llegaron de la oposición, el gobernador DeSantis acusó al proyecto de “débil” y está considerando vetarlo antes de su firma para endurecer la normativa aún más: “Debemos tener la ley más fuerte del país sobre el control de la inmigración. No podemos ser débiles”, publicó DeSantis en X.

Oklahoma

La junta estatal de educación acaba de aprobar por unanimidad una norma que exigirá la entrega de pruebas de ciudadanía estadounidense o estatus migratorio legal a padres que soliciten matricular a sus hijos en las escuelas públicas de Oklahoma. La medida todavía necesita ser confirmada por la Legislatura y el gobernador, pero al igual que en Florida, desafía el fallo de la Corte Suprema de 1982 en el caso Plyler v. Doe, que determinó el derecho de todos los niños a una educación pública, independientemente de su estatus migratorio.

Misuri y Misisipi

Una propuesta de ley en ambos Estados busca entregar recompensas de 1.000 dólares para aquellos que ofrezcan pistas sobre el paradero de inmigrantes indocumentados. En Misisipi, la propuesta se frenó en el comité legislativo, pero en Misuri sigue en curso y se debate en la asamblea. “Es una medida muy peligrosa porque los cazadores de recompensas no son policías. Eso significa que podrían usar tácticas agresivas, cometer errores y poner vidas en peligro”, advirtió Gabriela Cepeda, activista del Hispanic Association de la Universidad de St. Louis, en declaraciones a Telemundo.

Tennessee

Dos polémicos proyectos de ley contra los inmigrantes se discuten en Tennessee. El primero facultaría a los distritos escolares rechazar la inscripción de menores indocumentados, aunque no estarían obligados a hacerlo. La medida también desafía el fallo del Supremo en el caso Plyler v. Doe que garantiza la educación de los niños indocumentados. El segundo, pretende hacer pagar a los padres sin estatus legal la matrícula de sus hijos y las cuotas impuestas por las escuelas públicas.

Iowa y Dakota del Sur

Las licencias de conducir de Iowa y Dakota del Sur podrían indicar si el titular es ciudadano estadounidense de llegar a aprobarse los dos proyectos de ley que actualmente se examinan en sus congresos estatales.

Montana

Una nueva norma intenta que la policía pueda verificar el estatus migratorio de conductores en paradas de tránsito obligatorias con el claro objetivo de cazar a inmigrantes en situación irregular.

Texas

En noviembre pasado, entró en vigencia la regla que obliga a los hospitales de Texas a preguntar a los pacientes su estatus migratorio. La medida pone en riesgo de captura a los migrantes luego de que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Benjamine Huffman, emitiera una orden para que los funcionarios de ICE puedan actuar en las zonas denominadas “sensibles”, como iglesias, escuelas y hospitales.