Trump terminará con las reglas que impiden la detención de migrantes en escuelas, hospitales e iglesias

La gran maquinaria de deportaciones de Donald Trump comienza a tomar forma. El presidente electo pretende acabar con una normativa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) que dificulta la detención de migrantes en “locaciones sensibles”, como escuelas, hospitales o lugares de culto religioso. La normativa ha estado vigente desde 2011 y el republicano la mantuvo durante su primera Administración, al igual que hizo Joe Biden. El próximo mandatario pretende ponerle fin desde el 20 de enero de 2025, el primer día de su Gobierno, de acuerdo a NBC News.

La cadena cita a tres fuentes próximas a Trump y conocedoras de los planes que el presidente electo pondrá en marcha una vez que asuma el poder. El combate a la inmigración irregular fue una de las guías centrales de la campaña del expresidente. El empresario repitió este fin de semana, en una entrevista con el programa Meet the Press, que cumplirá con su promesa de llevar a cabo una operación masiva de deportaciones. Los primeros en ser expulsados serán aquellos con antecedentes penales, pero Trump indicó que el alcance se hará mayor conforme avance su gestión.

“Hay que hacerlo. Es difícil, algo muy difícil de hacer, pero hay reglas, regulaciones y leyes. Llegaron aquí de forma ilegal”, aseguró. Trump no dudó en decir que las familias serán deportadas juntas para no ser separadas y que este proceso puede incluso llevar a que algunos ciudadanos estadounidenses terminen fuera de Estados Unidos. Solo se mostró compasivo con los llamados Dreamers, aquellos inmigrantes que llegaron al país con sus padres cuando eran niños y que llevan años dentro del territorio con protecciones contra la deportación. “Algo tendremos que hacer con ellos”, indicó.

Al modificar las normativas de ICE, el presidente republicano retira obstáculos para que se lleven a cabo redadas y detenciones puntuales en sitios públicos. Las guías se hicieron del conocimiento de los agentes en octubre de 2011, cuando el entonces director de ICE, John Morton, desaconsejaba que se llevaran a cabo operativos en “locaciones sensibles” a menos de que estas fueran aprobadas por un supervisor. Estas se autorizaban, especialmente, en asuntos relacionados con terrorismo, seguridad nacional, o cuando existiera riesgo de muerte o violencia.

Los lineamientos han permitido a los inmigrantes durante más de una década sentirse fuera de riesgo mientras estudian, acuden a chequeos médicos o a vacunarse, o cuando participan en grupos de estudios de textos religiosos. En 2018, ICE creó un mecanismo para filmar acciones de detención cercanas a o dentro de estas locaciones sensibles. Las imágenes eran utilizadas como forma de control interno de los agentes.

El memorando de John Morton fue sustituido por otro en octubre de 2021, ya en tiempos de la Administración Biden. El texto, avalado por Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Interior, respetó las guías y extendió las áreas de protección para los inmigrantes ilegales a sitios como las oficinas de servicios sociales (incluidos los albergues para víctimas de violencia doméstica), las funerarias, las paradas de bus escolares, los mitines y los puntos de respuesta a emergencias naturales, entre otros.

“En medida de lo posible, no debemos llevar a cabo operativos en o cerca de sitios donde se pueda ver afectada la entrega de ayuda o servicios esenciales a la gente”, aseguraba el documento del 27 de octubre de 2021. Trump, en cambio, pretende acabar con esto con el argumento de que los inmigrantes irregulares le están “costando una fortuna” a los presupuestos públicos.

Los economistas estiman que la deportación causaría una caída del Producto Interno Bruto (PIB) de entre un 2,6% y un 6%. A los niveles de 2023, eso supondría una pérdida de entre 711.000 millones y 1,6 billones de dólares al año.

ICE llevó a cabo 63 operativos y cinco arrestos en o dentro de una locación sensible en los cuatro años que duró la primera Administración de Trump. La necesidad de acabar con estos obstáculos fue una de las observaciones del Proyecto 2025, el documento elaborado por el think tank ultraconservador Heritage Foundation. Algunos de los más adeptos a este texto han sido invitados por Trump a sumarse a su mandato, como es el caso del zar de la frontera, Tom Homan, y el radical Stephen Miller, quien será uno de los asesores más importantes del presidente.

Las iglesias han brindado a cientos de indocumentados protección de las autoridades de inmigración a lo largo de los años. El caso de Elvira Arellano, una mexicana que en 2006 se refugió durante un año en una iglesia de Chicago para evitar ser deportada, se hizo noticia internacional. La protección fue temporal, pues la migrante fue expulsada a México en 2007. Años más tarde, no obstante, regresó con un visado humanitario a Estados Unidos, donde sigue viviendo hasta el día de hoy.

Al menos 46 personas se refugiaron en 2019 en centros de culto en 15 Estados para evitar ser removidos de territorio estadounidense. Las iglesias dejarán de ser santuarios en la segunda Administración de Donald Trump.