Gobierno y comunidades acuerdan el reglamento de la Ley de Dependencia

El Gobierno dice que cada dependiente recibirá su prestación y ayer se felicitó tras la aprobación de la normativa estatal que lo hará posible. La aplicación de la Ley de Dependencia para 2007 contará con 1.014 euros por cada persona dependiente, aportados a partes iguales por el Gobierno y las comunidades autónomas. Las comunidades del PP creen que es insuficiente, y Navarra y País Vasco no están de acuerdo con los criterios de reparto de fondos.

Los grandes dependientes, las personas que necesitan ayudas de otra para desarrollar su vida cotidiana (comer, salir, tomar decisiones o lavarse) serán los primeros, ya este año, que tendrán, por derecho, todas las prestaciones que necesiten: atención a domicilio, una plaza en una residencia, etcétera. Luego empezarán a recibir las prestaciones las personas con menor nivel de dependencia, progresivamente hasta 2015. El dinero para pagar todo eso lo pondrán, a partes iguales, el Gobierno y las comunidades autónomas, y dependiendo de su renta, los propios beneficiarios.

Este año, el Estado garantiza un nivel mínimo de protección de hasta 250 euros para cada gran dependiente, aseguró la secretaria de Estado de Asuntos Sociales, Amparo Valcarce. Cada comunidad pondrá una cantidad similar por cada usuario. Pero la polémica ha llegado por otra partida de 220 millones de euros (unos 257 euros por persona) para este año, cuyo reparto, entre las comunidades, tiene que ver con el número de dependientes, pero también con la superficie del territorio, la insularidad o la dispersión de la población. Esta partida (las comunidades tendrán que poner una cantidad igual) y los criterios para repartirla se aprobó ayer en el Consejo Territorial de la Dependencia, presidido por el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera. Las seis comunidades del PP votaron en contra porque consideran que han sido "claramente perjudicadas", aseguró la consejera madrileña, Beatriz Elorriaga.

Los cálculos de la Administración valenciana son que el coste de alojamiento de un gran dependiente oscila entre los 1.500 y los 2.500 euros mensuales. "Pero el Estado sólo garantizará 250 y otros 257 euros los vincula a un fondo sin respaldo presupuestario. El resto lo tendremos que poner nosotros, pese al compromiso de repartir el coste al 50% entre las dos administraciones", aseguró la consejera de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, Alicia de Miguel, informa Jaime Prats.

Navarra y País Vasco votaron en contra por razones distintas: piden que se adapten los criterios de reparto a sus peculiaridades; su régimen de financiación es distinto del resto de comunidades.

La Generalitat catalana también había criticado ayer por la mañana los criterios de reparto de fondos. Sin embargo, la directora del Instituto Catalán de Servicios Sociales (ICASS) de la Generalitat, Carolina Homar, se declaró contenta tras la reunión del consejo porque el Gobierno, dijo, tendrá en cuenta en el reparto del año próximo otros criterios como el nivel de vida en cada comunidad.

Por su parte, la secretaria de Estado Amparo Valcarce criticó los intentos del PP de "poner palos en las ruedas" durante la puesta en marcha de la ley. Insistió además en la importancia de la reunión de ayer, que cerró el desarrollo reglamentario básico de la norma. Esto es, la concreción de los servicios a percibir (teleasistencia, ayuda a domicilio, residencia, etcétera) y la aprobación definitiva de las ayudas económicas: hasta 780 euros mensuales si se contrata a un cuidador, y hasta 561 euros si quien cuida es un familiar del dependiente.