El Gobierno anuncia una partida de 220 millones para la Ley de Dependencia

La Ley de Dependencia se enfrenta ahora con el tema más espinoso: la financiación. Este miércoles el Gobierno y las comunidades autónomas tendrán que decidir cuánto pondrá cada Administración para desarrollar la norma. El Ejecutivo ha propuesto destinar este año 220 millones al Sistema Nacional de Dependencia. Si las comunidades aceptan la oferta, tendrán que poner, al menos, la misma cantidad. Además de estos 220 millones, el Estado tendrá que pagar una cantidad por cada dependiente, aún por determinar, que garantice un nivel mínimo de protección para todos.

El Sistema Nacional de Dependencia lo van a financiar el Estado, las comunidades autónomas y los usuarios, pero no todos pagarán en la misma medida. El Estado central tiene que financiar íntegramente un nivel de protección mínimo y garantizado para cada una de las personas dependientes. Este nivel mínimo, que se establecerá en un reglamento y que está aún por determinar, según un portavoz del Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales, saldrá cada año de los Presupuestos Generales del Estado.

Aparte de esta cantidad, las comunidades autónomas y el Gobierno deben pactar en el Consejo Territorial otros medios y recursos para la aplicación de los servicios y prestaciones recogidos en la ley. Para este año, el Gobierno ha propuesto que entre todos inviertan 440 millones de euros: 220 correrían a cargo de la Administración central y otros 220 tendrían que ser aportados por las comunidades autónomas.

La secretaria de Estado de Asuntos Sociales, Amparo Valcarce, señaló ayer que con esta cantidad espera que se puedan cubrir "las inversiones necesarias" que requiere la nueva ley, como la construcción de "infraestructuras, centros de día y de noche, residencias o el servicio de teleasistencia", así como "las prestaciones económicas del asistente personal y el cuidador familiar". Los asistentes personales podrán recibir hasta un máximo de 780 euros y los cuidadores familiares, hasta 561. Se trata de cantidades máximas que se adjudicarán en función del número de horas que requiera el plan individual de cada persona dependiente.

Los criterios de distribución de este dinero se basan fundamentalmente en el número de personas dependientes de cada comunidad, y tienen también en cuenta la dispersión geográfica, la insularidad y los emigrantes retornados. Las que recibirán más dinero, según estos criterios, serán Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana. De los 220 millones, 20 se distribuyen utilizando un criterio distinto para beneficiar a las regiones más pobres. Se tienen en cuenta para ello la renta per cápita y la pensión de jubilación media de la región.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales calcula que hay en España 205.915 grandes dependientes, que son los únicos que recibirán protección en 2007 y los que están empezando a ser ya evaluados por las comunidades autónomas.