Ecos de Marbella
La detención de Isabel Pantoja por presunta implicación en un delito de blanqueo de dinero da una nueva vuelta de tuerca a la Operación Malaya, el escándalo de corrupción urbanística que estalló en Marbella en 2005. En realidad, no es una gran sorpresa. La artista estaba siendo investigada desde hacía tiempo y, sobre todo, desde que su pareja, el ex alcalde Julián Muñoz, ingresó en la cárcel en julio del año pasado. Más allá del derecho a la presunción de inocencia que tiene la cantante, puesta ayer por la tarde en libertad provisional bajo fianza de 90.000 euros, el peligro de esta historia es convertirla en un simple sainete de corruptelas y chismes explotado por la prensa del corazón. O aún peor: que sirva para que los partidos la utilicen para sus diatribas electorales. Algunas declaraciones al respecto de dirigentes políticos escuchadas ayer a raíz del suceso carecen de pudor.
El escándalo alcanza a cerca de un centenar de personas, entre ellas, además de Muñoz
y Pantoja, la última alcaldesa, Marisol Yagüe, la primera teniente de alcalde Isabel García Marcos y el ex consejero de Urbanismo Juan Antonio Roca, el gran cerebro de toda esta trama, quien se calcula llegó a amasar 2.400 millones de euros a base de la pícara filosofía de recibir comisiones para obtener favores municipales. Algo bien enraizado en Marbella y que, por desgracia, se va extendiendo a otros lugares del territorio hispano. Al desarrollo de esa filosofía, nacida a principios de los noventa al calor del partido del fallecido Jesús Gil, han contribuido los políticos y los empresarios locales, pero también la policía y la propia judicatura por no poner freno al desmán. Entre la barahúnda de la detención de Pantoja ha pasado inadvertida la de Pedro Román, ex número dos de Gil y teniente de alcalde marbellí entre 1991 y 1998. Resultaba inaudito que uno de los principales ejecutores de esta maquinaria de entramados societarios, de blanqueo de capitales, comisiones y recalificación irregular de terrenos quedara indemne.
El caso Pantoja tendrá el ruido mediático que tuvo en su día el del fraude fiscal de Lola Flores. Pero es una anécdota comparada con la putrefacción en la que están envueltos no pocos gobiernos locales. Ciertamente, se han hecho progresos para frenarla tras la creación de los fiscales anticorrupción de zona, pero éstos necesitan de más medios, al igual que la policía. Y los partidos, a su vez, deben consensuar un pacto de Estado con normas estrictas para acabar con esa lacra. Seguro que si lo hacen se ganarán el respeto de la opinión pública.
