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Editorial:

Mal ejemplo

Los partidos no pasan por su mejor momento en España. Los líderes políticos suelen lamentarse de las opiniones severas de la ciudadanía, que sostiene que los partidos actúan ante todo en provecho de sus intereses. Naturalmente, existe siempre el riesgo de elevar a categoría los irregulares comportamientos de algunos de sus representantes. Pero aun así, en poco contribuye a limpiar prejuicios el que no sean apartados o expulsados los políticos envueltos en corruptelas. Habrá que ver si la escasa credibilidad de los partidos tiene alguna repercusión en los niveles de participación electoral en las municipales del próximo día 27 y en las generales de marzo de 2008.

Resulta decepcionante y reprobable que decenas de cargos públicos implicados en causas judiciales sean candidatos del PP o del PSOE en los comicios de este mes. También se dan casos en otros grupos como Coalición Canaria. De nada han servido las buenas intenciones anunciadas o la elaboración de supuestos códigos de conducta internos. El hecho es que políticos acusados de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, fraude fiscal, malversación de fondos, delitos ecológicos o acosos morales aparecen de nuevo en las listas de voto. "Tú eres tonto. Eres el único alcalde honrado de España", le dijo en su día Francisco Hernando, Paco el Pocero, promotor del aberrante megaproyecto de viviendas que se levanta en Seseña, con el consentimiento de populares y antiguos socialistas, al regidor de IU de esa localidad toledana por su oposición a la idea. La frase ilustra la frágil línea sobre la que se mueven los servidores públicos en España, tentados por el dinero.

En esta lista de candidatos bajo sospecha es el PP quien sobresale, pero eso en nada justifica la actuación del PSOE, que sostiene que la mayor parte de sus casos de irregularidades están ligados a errores administrativos. La tesis de los populares es que los candidatos que repiten en sus listas para los comicios del día 27 tienen derecho a la presunción de inocencia: sólo si fueran finalmente condenados judicialmente o si hubiese pruebas muy evidentes, subraya el partido de Rajoy, serían eliminados. Con tal explicación, y debido a la lentitud de la justicia, no pocos de esos cargos podrían continuar ejerciendo su función sin problemas pese al escándalo social que despiertan sus conductas. Véase como ejemplo el caso del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, que va como número tres del PP por esa ciudad. Los partidos son muy libres de comportarse así, pero el votante debería castigarles en las urnas para hacerles comprender que no pueden hacer de su capa un sayo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 3 de mayo de 2007