Una nueva Universidad a medida

Un sistema de pesos y contrapesos, un complejo entramado de incentivos y ajustes económicos mezclado con una planificación a distintos niveles (la Universidad, la comunidad autónoma y el Estado). El informe sobre la futura financiación de la educación superior presentado la semana pasada por el Consejo de Coordinación Universitaria propone usar los presupuestos, no sólo para cubrir las necesidades de la universidades públicas, sino también como una herramienta más para mejorar puntos concretos del sistema, premiando la calidad y la eficiencia y penalizando su ausencia. Pero esto requiere un sistema para medir esos conceptos, y es éste un punto polémico como pocos debido al número y complejidad de factores que influyen.

La oferta de títulos se planificaría en tres niveles: Universidad, comunidad y Estado

Tanto la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, como los rectores han recibido muy bien la propuesta, pero aún no se ha aclarado si seguirá al pie de la letra. Entre los puntos que más directamente afectan a los alumnos, destacan dos: revisar la desordenada oferta de carreras (las universidades ofrecen tantas veces los mismos títulos que el 60% tiene menos de 75 alumnos nuevos al año) y la calidad de todas ellas (en algunas ingenierías sólo ocho de cada 100 terminan en el tiempo establecido).

En el primer caso, en general, se recomienda no financiar carreras con tan poca demanda que no justifica su existencia, salvo que se explique por otras razones estratégicas o por su importancia en la generación de conocimiento. No se trata, pues, de cortar sin más el grifo a ese 60% de títulos con pocos estudiantes, sino de ver, por ejemplo, si en lugar de que Andalucía ofrezca en cinco universidades la licenciatura en Matemáticas para un total de 223 alumnos nuevos en el curso 2004-2005 (datos del Atlas de la España Universitaria), no sería mejor concentrar la oferta sólo en algunas.

Por supuesto, explica el estudio, hay que tener en cuenta otros factores. Para empezar, el tamaño de los grupos. En algunos casos, como en las facultades de ingeniería o de filología, los alumnos de varias titulaciones pueden compartir profesores y aulas. También hay que tener cuenta la importancia de ciertas carreras en algunas zonas (filología gallega), además de la importancia de no perder áreas de conocimiento.

Estos son los criterios generales y sus salvedades, que "tendrían que aplicarse en tres niveles", explica el secretario general del Consejo de Coordinación Universitaria, Félix García Lausín. El primero, el de la propia Universidad, que haría una especie de examen de conciencia para optimizar sus recursos de espacios y de profesores. Otro ejemplo tomado del Atlas de la España Universitaria podría ilustrar este nivel: la Universidad Carlos III de Madrid ofrece la diplomatura en Biblioteconomía y Documentación en sus campus de Getafe y Colmenarejo para 65 y 11 alumnos nuevos al año, respectivamente. Con el nuevo sistema adaptado a Europa, serán las universidades las que diseñen su oferta de títulos y los planes de estudio de éstos.

El segundo nivel estaría en el ámbito de la comunidad autónoma. Éste es muy importante, ya que el Gobierno regional es el que va a aprobar, o no, los títulos que se ofrecen en su comunidad. Tendría que aportar una visión de todo el territorio. En todo Cataluña entraron hace dos años 88 alumnos nuevos en Estadística, repartidos en tres universidades, todas ellas en la provincia de Barcelona.

El último escalón es el estatal. El Consejo General de Política Universitaria, el nuevo órgano que reunirá al Gobierno y a las comunidades, sería "el espacio para ordenar con un criterio global", explica García Lausín. El presidente de la Conferencia de Rectores (CRUE) y rector de la Universidad de Oviedo, Juan Vázquez, ya ha señalado en alguna ocasión que "no tiene sentido", por ejemplo, que su campus y el de Cantabria, comunidades vecinas, tengan "la misma titulación con pocos alumnos". Entre las carreras de Matemáticas y Físicas de ambas universidades sumaron 81 alumnos nuevos hace dos cursos (Atlas).

El Gobierno, por su parte, sólo comprobará si cada plan de estudios se atiene a los criterios generales de cada rama (ciencias, ingenierías, humanidades, etcétera) marcados por el propio Estado. Sin embargo, sí controla la política de becas que, además "de su principal función de equidad", puede servir como instrumento de ordenación de la oferta "a través de las ayudas a la movilidad", explica García Lausín. El informe pide un gasto extra para los próximos cinco años de 2.700 millones de euros; 244 de esos millones incrementarían el fondo de becas.

Pero también se propone revisar una por una todas las carreras según la calidad de la docencia que ofrecen. ¿Cómo se mide esto? La propuesta habla, entre otros, de valorar la eficiencia. Se tendrán en cuenta los resultados de los alumnos (dividiendo el número de asignaturas que cursan por el número de las que aprueban). La financiación pública estaría dispuesta a sufragar un 30% de "ineficiencia". Al resto tendrían que hacer frente entre las universidades y los propios alumnos repetidores, que pagarían más dinero que ahora por la segunda o tercera vez que se matriculen en una materia. Las carreras sanitarias están en un 26% de ineficiencia, y en las ingenierías se llega al 46%.

Pero este punto también tiene matices. "Hay que tener en cuenta el contexto de cada carrera. Bajar al detalle y ver si cuando los índices de repetición y abandono son altos, estos son atribuibles a la calidad de la docencia", explica García Lausín. Recuerda además que el informe también habla de estimular a los profesores a través de incentivos, premiando sus buenos resultados. De los recursos extra que se solicitan, 244 millones se destinarían, entre otras funciones, a pagar esos incentivos. Se valoraría el rendimiento docente, la satisfacción de los alumnos y la evaluación de sus compañeros.