La venta fraudulenta de solares en Andratx destapa la trama de blanqueo en Baleares

El urbanismo salvaje del municipio mallorquín de Andratx no sólo llevó a la cárcel al alcalde del PP, Eugenio Hidalgo, sino que ha permitido desarticular una amplia red de blanqueo de capitales de la que formaban parte dos bufetes de abogados, dos notarías y un banco. El informe sobre la investigación en marcha, al que ha tenido acceso EL PAÍS, relata con detalle cómo las reiteradas denuncias de venta fraudulenta de solares en Andratx desencadenó una investigación, paralela a otra abierta por la Agencia Tributaria, que permitió desbaratar la red de blanqueo de capitales.

La Brigada Provincial de Policía Judicial de Baleares inició hace meses una serie de investigaciones para intentar aclarar supuestas estafas que estaban siendo denunciadas en distintos juzgados de Palma de Mallorca.

Las denuncias las presentaron particulares propietarios de una decena de solares en la zona de Cala Llamp del municipio de Andratx que se habían sorprendido al descubrir que sus fincas habían sido vendidas a otras personas.

En esas ventas fraudulentas, según la investigación policial, "habrían intervenido algunos integrantes del bufete Feliú-Abogados, utilizándose en varias operaciones de compraventa fraudulenta de solares una serie de sociedades instrumentales, testaferros y documentos de identidad falsos con los que usurpaban las identidades de algunos de los verdaderos titulares de los solares".

La mayor parte de las fincas objeto de la compraventa fraudulenta fueron propiedad de la sociedad Detursa, representada en el momento de las primeras transacciones por miembros de la familia Feliú. Años después se producía una nueva venta de las mismas fincas a otras personas distintas por parte de dos representantes de Detursa y que, según la investigación, "actuaron como testaferros al servicio del bufete Feliú".

La policía ha detenido a tres personas en relación con estas supuestas estafas en la compraventa de solares en la localidad de Andratx.

Por otra parte, la Agencia Tributaria investigaba a dos bufetes de abogados, el de Feliú y el de Sonia Regina da Costa, que trabajaban supuestamente en la prestación de servicios "tendentes a la ocultación de grandes capitales, con grave perjuicio para la Hacienda Pública española".

Opacidad absoluta

Estos bufetes no ocultaban demasiado su actividad irregular, dado que ofrecían a través de su página web sus servicios profesionales a inversores extranjeros, a los que garantizaban un mínimo pago de impuestos e incluso la exención total. Para tranquilizar al cliente ante una oferta tan sospechosa, los bufetes ofrecían opacidad absoluta: "inexistencia de contabilidad, el anonimato 100% de los inversores, la protección 100% del activo y la discreción 100% del banquero".

"El sistema ideado", detalla el informe policial, "consistía fundamentalmente en la creación de sociedades españolas, constituidas o participadas por sociedades panameñas principalmente, lo que dificulta enormemente el conocimiento de las identidades de las personas que se encuentran detrás de estas entidades panameñas y por extensión de las mercantiles españolas. Para dificultar aún más el seguimiento de los fondos y el de sus verdaderos titulares, las transferencias bancarias se canalizaban a través de dos cuentas cliente del bufete de abogados, sin que se diferencie a qué sociedades corresponde el dinero y las presuntas inversiones, habiéndose contabilizado un elevadísimo tráfico de divisas con el extranjero".

La policía descubrió que numerosas sociedades instrumentales tenían a su nombre inmuebles que vendían a través de una fórmula jurídica que evitaba declarar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, con lo que dejaban de pagar el 7% establecido legalmente, lo que implicaría un delito fiscal cuando se trata de operaciones que superan los 1,7 millones de euros.

La Agencia Tributaria ha detectado por su parte que un número importante de las sociedades controladas por el bufete de abogados ocultaban "una renta disponible suficientemente elevada como para que la cuota omitida supere los 120.000 euros que la ley establece como cantidad mínima para incurrir en delito fiscal".

En la operación policial se registraron 13 domicilios (11 en Palma de Mallorca y dos en Madrid).

Entre los ocho detenidos, destaca la presencia de Miguel Feliú Bordoy, socio del bufete y asesor jurídico externo del Ayuntamiento de Calviá al que representa en pleitos. Uno los notarios investigados es, a la vez, hermano del alcalde de Calviá, Carlos Delgado, del PP. Otro de los detenidos, David Alfredo Sancho, es un promotor inmobiliario relacionado con el bufete.