Vizcaya cierra la legislatura sin presentar el estudio del fraude fiscal que anunció Bilbao

El diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, no cumplirá uno de los principales compromisos con que abordó la actual legislatura: la elaboración de un informe exhaustivo sobre el fraude fiscal para poder actuar luego decididamente contra sus principales bolsas. La Diputación adjudicó a finales del año 2004 la elaboración de dicho estudio al Instituto de Economía Pública de la Universidad del País Vasco (UPV), que presentó su trabajo el pasado mes de diciembre. Sin embargo, la Diputación solicitó a sus aurores que ampliaran diferentes detalles del mismo, por lo que la legislatura se va a cerrar sin que el informe haya llegado a las Juntas Generales.

"Vamos a ser implacables" contra el fraude fiscal, que es una "lacra social", por "legalidad, convicción, justicia y solidaridad", proclamó solemnemente José Luis Bilbao el 29 de marzo de 2003, tras ser proclamado candidato del PNV a diputado general de Vizcaya. "Debería dar vergüenza no pagar los impuestos que a cada uno le correspondan", recalcó. Dos meses y medio después, en sintonía con ese mensaje, y antes incluso de tomar posesión de su cargo tras ganar las elecciones forales por mayoría absoluta, anunció que encargaría un estudio independiente a la UPV para mejorar la lucha contra el fraude. Su objetivo era, por un lado, que los expertos acotasen la situación actual de la defraudación en Vizcaya y, por toro, que propusieran las medidas adecuadas para poder atajarla.

Sin embargo, el contenido de este estudio va a quedar inédito en el mandato que ahora concluye. No fue hasta diciembre de 2004 cuando la Diputación de Vizcaya aprobó el convenio por el que se encargaba la elaboración de dicho informe al Instituto de Economía Pública de la Universidad del País Vasco (UPV), del que forman parte, entre otros especialistas, los catedráticos María del Carmen Gallastegui e Ignacio Zubiri, con una consignación de 120.000 euros.

Después de casi dos años de trabajo en colaboración con técnicos del propio Departamento de Hacienda, el equipo de expertos de la UPV presentó a mediados del pasado mes de diciembre a la Diputación su diagnóstico sobre el fraude fiscal en Vizcaya por impuestos y sectores económicos, así como una propuesta de actuaciones para combatir la evasión de impuestos. Así lo ha confirmado un portavoz de la Diputación.

Sin embargo, los técnicos de la Hacienda foral plantearon al Instituto de Economía Pública que detallaran y ampliaran algunos detalles del dictamen, por lo que se ha suscrito una ampliación del convenio que, en teoría, concluye a finales del próximo mes de mayo.

Hasta el verano

En virtud de esta ampliación solicitada, la Diputación interpreta que todavía no existe un "informe definitivo". El citado portavoz precisó que, cuando lo reciba, la institución foral lo analizará y lo remitirá a las Juntas Generales. Por tanto, habrá que esperar para conocerlo, como pronto, al mes de julio, una vez que se constituyan las Juntas Generales que surjan de las elecciones forales del próximo 27 de mayo.

José Luis Bilbao ha hablado en numerosas ocasiones durante esta legislatura sobre la elaboración del informe, que concebía como "una foto" externa del fraude, de la que iban a salir políticas concretas para combatirlo. En los discursos con los que cada mes de septiembre se abre el curso político en las Juntas Generales, el diputado general se ha referido siempre a él, salvo en el último, el pasado 28 de septiembre. Haciendo un repaso del programa de gobierno que formuló en 2003, aseguró: "No hay proyecto en el ámbito de nuestra competencia que no haya sido cumplidamente abordado".

El estudio se encargó en plena crisis en la Hacienda foral por el supuesto trato de favor a 116 empresas propiedad de 25 contribuyentes otorgado por el máximo responsable de la Inspección fiscal, Juan Ramon Ibarra, apartado de su cargo.

Ibarra, quien impedía la inspección de estos contribuyentes al asignárselos personalmente, es investigado desde finales de 2003 por un juzgado de Bilbao. Tras tomar declaración a 122 personas y a los cuatro imputados (Ibarra y otros tres funcionarios), la fiscalía ha pedido ampliar la querella contra el ex jefe de la Inspección, que inicialmente era por los presuntos delitos de prevaricación, falsedad en documento público y desobediencia. A estos ha sumado ahora el de cohecho, al haber realizado entre 2000 y 2001 inversiones por importe de 319.000 euros, cuyo origen no ha podido acreditar.

El caso Ibarra llevó también a una profunda reforma en el departamento de Hacienda de Vizcaya. Su aspecto más destacado y polémico fue la atribución a nuevo órgano, la Secretaría de Coordinación y Asistencia Técnica (SCAT), de funciones de inspección sobre cuatro importantes categorías de contribuyentes. Esta remodelación levantó un fuerte malestar entre los inspectores de tributos, al considerar que la medida supone en la práctica crear "una Inspección paralela".

José Luis Bilbao volvió a situar la lucha contra el fraude fiscal como uno de los pilares de su programa electoral para los próximos cuatros años cuando el paasdo 29 de marzo se presentó como candidato a la reelección. En ese marco aseguró que será "ìmplacable" con los defraudadores, "se llamen como se llamen".