La escuela argentina, en pie de guerra

Profesores en las calles en vez de en las aulas, colegios vigilados por policías antidisturbios, cientos de miles de alumnos sin comenzar el curso escolar 2007 y un enfrentamiento entre el Gobierno federal, que quiere reflotar el que fuera uno de los sistemas educativos públicos más prestigiosos de América, y varios Gobiernos provinciales -algunos de signo político contrario- que frenan la reforma. Éste es el panorama del comienzo del curso en la enseñanza pública argentina, agravado por la muerte de un profesor a manos de la policía de Neuquén, donde se mezclan salarios bajísimos, escasez de medios y la conciencia de la necesidad urgente de poner en marcha la ley aprobada en diciembre por el Gobierno.

"Nos hacen falta al menos 20 años para recuperarnos", dice una líder sindical

La enseñanza pública argentina ha tocado fondo y los ejemplos son innumerables. Apenas a una treintena de kilómetros del centro de Buenos Aires, con sus grandes avenidas, desbordante vida cultural y tiendas de lujo, los alumnos de una escuela pública de la localidad de Florencio Varela asisten a clase vestidos con sus batas blancas. Su colegio es un edificio de una sola planta con paredes visiblemente deterioradas o simplemente sin terminar, y rejas -muchas de ellas con los cierres rotos- en habitaciones que guardan "material sensible de robos", tales como las cacerolas y cubiertos que se utilizan en el comedor. Los asaltos y destrozos nocturnos no son raros. En Neuquén, una de las provincias más ricas del país y donde los profesores exigen la dimisión del gobernador derechista Jorge Sobisch, la jubilación de los docentes se calcula a partir de una base de apenas 40 euros. En la misma capital argentina, en teoría con una situación mejor, hay aulas donde 50 niños hacen lo que pueden para acomodarse y aprender.

Una de las cosas que más duele a los docentes argentinos es que la situación no siempre fue así, sino más bien al contrario. "Los años dorados de la enseñanza pública fueron los sesenta. Entonces decir 'pública' era sinónimo de excelencia", destaca Stella Maldonado, secretaria de Educación de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), el sindicato más importante en los colegios del país. Una excelencia que se reflejaba en el hecho de que las familias de las clases altas enviaban a sus hijos a colegios e institutos públicos, mientras que la escuela privada tenía fama de ser más "blanda" y, por tanto, más fácil de superar para aquellos que podían pagar la matrícula. Centros como el Colegio Nacional Buenos Aires tenían todos los años una lluvia de solicitudes que le permitieron convertirse en un punto de referencia en Latinoamérica.

Maldonado explica que el proceso para desmantelar este sistema, donde la enseñanza dependía en organización, contenidos y supervisión del Gobierno federal, comenzó con el golpe militar del 24 de marzo de 1976, que eliminó toda posible resistencia. La misma noche de la asonada, el secretario general de la CTERA, Isauro Arancibia, fue asesinado. "Una de las primeras medidas de la dictadura fue transferir las escuelas primarias a las provincias, pero sin dotarlas de prepuesto para ello", destaca Maldonado.

El panorama no mejoró con la vuelta de la democracia en 1983 ni en años siguientes. De hecho, durante el Gobierno del peronista Carlos Menem (1990-1999) se transfirió también la enseñanza secundaria a las provincias... y sin dotarlas de medios. El Estado federal dejó de tener escuelas y de encargarse de su administración. Como resultado se produjo un fuerte deterioro tanto de las de las infraestructuras como de las condiciones de trabajo de los docentes, que emigraron en masa a empleos en la industria privada mejor remunerados durante la época en que un peso argentino y un dólar tenían -por decreto- el mismo valor. El nivel educativo se resintió fuertemente. La dirigente sindical pone como ejemplo del daño infligido a la educación los suspensos masivos que se producen todos los años en pruebas de acceso a la universidad. Las cifras también son rotundas. El 40% de los jóvenes deja de estudiar entre los 13 y los 18 años y el 8% de los adolescentes ni siquiera termina la enseñanza obligatoria.

El Gobierno argentino trata de cambiar el panorama con una ley, que ha entrado en vigor este año, según la cual la educación es considerada un bien público y el Estado está encargado de garantizarla y, además, queda explicitado que no puede delegar esta obligación. La enseñanza pasa a ser obligatoria hasta los 17 años, se introducen contenidos como educación sexual y se establecen mecanismos de formación continuada de los profesores, dejando bien claro que ninguna persona condenada por delitos de lesa humanidad puede ejercer. Una ley de financiación complementaria ha establecido que el 6% del PIB será dedicado íntegramente a educación primaria y secundaria.

El reto ahora es lograr que los propósitos pasen a la realidad. Y es que algo tan básico como la elevación del salario mínimo por encima del nivel de pobreza a 260 euros, ha causado una oleada de movilizaciones tras la negativa de varias provincias a aplicarlo o a realizar subidas proporcionales a la decretada por el Gobierno federal. "Nos hacen falta al menos 20 años para recuperarnos", advierte Stella Maldonado. Y aunque el tango diga que "veinte años no es nada", la educación argentina se dispone a emprender un largo camino de vuelta.