Menos clases presenciales y más trabajo práctico
La tardanza en llegar este informe sobre la revisión de la financiación universitaria ha puesto nerviosos a los rectores. La principal razón, aparte de que se trata de una de sus reivindicaciones históricas, era saber cómo se iba a hacer frente económicamente a los cambios que trae consigo la adaptación a Europa, que pretende hacer homologables todas las carreras del continente en 2010. Cambia la estructura: las diplomaturas y licenciaturas se convertirán en Grados de cuatro años, y el posgrado se divide en Másteres de especialización, de uno o dos años, y Doctorados. Además, cambia el día a día de la enseñanza: menos clases magistrales y más trabajo de los alumnos tanto dentro como fuera del aula (clases prácticas y trabajo autónomo).
El informe considera que la adaptación hará necesario aumentar entre un 0,1% y el 0,12% del PIB, es decir, 800 de los 2.700 millones de euros extra que se piden para la educación superior. Algunos de los puntos de la adaptación requerirán más recursos y otros, ahorro de los mismos.
Así, señala que harán falta menos profesores, menos aulas teóricas y menos gastos generales porque se prevé que se reducirán entre un 20% y un 30% las clases presenciales en algunas titulaciones. Sin embargo, esto se contrarresta porque se necesitarán más profesores, y medios materiales en el futuro porque el nuevo sistema requiere una atención más personalizada, con grupos más pequeños de clase, y serán necesarias más infraestructuras para facilitar el trabajo autónomo de los estudiantes.
Más apoyo
En definitiva, lo que viene a decir el informe de Consejo de Coordinación Universitaria, fijándose además en otros países donde ya han terminado su adaptación al espacio europeo, es que no harán falta más profesores ni más infraestructuras. Lo que será necesario es mejorar los equipamientos de los laboratorios y las bibliotecas, por ejemplo, y una mayor disponibilidad de uso de las nuevas tecnologías. Además, los países en los que se ha fijado este informe tienen más docentes en formación y más personal de apoyo en todos los servicios universitarios.
El texto advierte además de que algunas comunidades autónomas y algunas universidades tienen estructuras y regulaciones muy rígidas como para adaptarse sin problemas a los cambios. No se señala a qué campus se refiere, pero asegura que en estos casos las dos únicas opciones serán destinar más recursos extraordinarios, aparte de los ya señalados, o aceptar que su incorporación al sistema europeo de educación superior será para ellos mucho más lento.
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