El consejo de Ministros analiza el baremo para medir los grados de discapacidad

El consejo de Ministros verá hoy el baremo con el que se evaluará la discapacidad de los solicitantes para tener derecho a recibir las prestaciones previstas. Una vez que este baremo se publique en el BOE, en unos pocos días, los discapacitados podrán solicitar su evaluación en los servicios sociales y sanitarios de su comunidad. Algunas comunidades han pedido que se aplace la puesta en marcha de este proceso de baremación, algo que el Gobierno ha rechazado tajantemente. "El baremo se acordó y se aprobó entre todos y ha pasado el dictamen favorable del Consejo de Estado. Además, tengo que recordar que en 2006 se concedieron 200 millones de euros a las comunidades, de los cuales un 10% debía destinarse a poner en marcha este proceso", dijo ayer la secretaria de Estado de Asuntos Sociales, Amparo Valcarce.

Asturias ya ha anunciado que el próximo lunes empezarán a evaluar la situación médica de sus dependientes, aunque otras comunidades pidieron un aplazamiento.

Con ese baremo se medirá también la discapacidad de los niños menores de tres años, de tal forma que se pueda ampliar el permiso de maternidad tal como prevé, ante estos casos, la Ley de Igualdad. Y también se tendrán en cuenta para la ampliación de este permiso, el tiempo que necesite ingresar de nuevo en el hospital un niño prematuro en los 30 días posteriores a su alta hospitalaria.

Críticas

En la reunión que mantuvo ayer el Gobierno con las comunidades se escucharon críticas sobre la aportación monetaria prevista por el Gobierno, que habrán de cofinanciar las comunidades. Y se acordó estudiar la última propuesta que hizo el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, sobre los servicios y prestaciones que podrían percibir este mismo año los grandes dependientes, es decir, aquellas personas que apenas pueden valerse por sí mismas. En ella se planteaba conceder un máximo de 780 euros a los discapacitados más graves (según su situación). Y se establecía que en algunos casos, dependiendo del patrimonio del usuario, éste debería hacerse cargo del 90% del servicio a que tenga derecho.

El vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, criticó ayer las aportaciones previstas por el Gobierno para la Ley de Dependencia. "Son bajas y mejorables", dijo. Afirmó que el Gobierno central no puede ser sólo un "ente distribuidor de recursos", sino de "reequilibrio", dijo en declaraciones a Europa Press. Pero se mostró dispuesto a dialogar.