Urbanizaciones en el banquillo

Las máquinas han comenzado a mover tierra y arrancar árboles en un paraje del sur del término municipal de Orihuela (Alicante) para levantar "un pequeño y tranquilo pueblo mediterráneo" de 2.286 casas, anuncia la publicidad de la promotora Colinas Golf. La urbanización tendrá vistas a un campo de golf y al futuro parque natural de la Sierra Escalona, cuyos límites se han ajustado a este proyecto, el PAU-21. ¿Y agua? Como en el caso de decenas de planes en localidades de la Comunidad Valenciana, sobre el plan pesa la duda de si habrá recursos suficientes para los residentes.

Ecologistas en Acción lo ha llevado a los tribunales y esgrime un informe de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que advirtió en diciembre de 2005, justo antes de que se aprobara la urbanización, de "que no está garantizada el agua", explica el portavoz en Alicante, Carlos Arribas. La promotora lo niega: "La tramitación se ha ajustado a la más estricta legalidad y tiene todos los informes favorables". En la polémica tercia el Ayuntamiento, gobernado por el PP, que exhibe un informe positivo de 2003 de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla -que abastece a municipios de Alicante y Murcia- y acuerdos para usar agua depurada en el campo de golf. Fuentes municipales apuntan que el proyecto ya estaba previsto en el plan general urbano de 1990 e interpretan que la confederación se limitó a recordar que debe contar con las pertinentes concesiones para abastecimiento. "Hay agua", aseguran.

Pero Manuel Aldeguer, comisario de Aguas en la cuenca del Segura, la más deficitaria de España y dependiente del trasvase del Tajo, avisa tajante: "En el Segura no hay agua para nuevas demandas" si no la aportan las desaladoras puestas en marcha o planificadas. Mientras la justicia investiga, la obra en Orihuela continúa.

La polémica se reproduce en otros municipios cuyos planes de expansión han acabado en los juzgados. En La Nucía (Alicante), con 33.000 habitantes, el Tribunal Superior de Justicia paralizó en marzo de forma cautelar el programa de actuación urbanística de La Serreta, con 3.884 casas en plena huerta. El informe de la confederación correspondiente, la del Júcar, ve insuficiente la garantía de recursos y el tribunal afirma que el Consistorio no ha demostrado lo contrario. "Estamos totalmente tranquilos", responde el alcalde, Bernabé Cano, del PP, que aportará nuevos datos para que se retire la suspensión cautelar pedida por una formación política independiente. Hay pozos en el sector, la urbanización gastará menos agua que con el riego de los cultivos actuales y el campo de golf, que será municipal, se regará con recursos depurados, presume el alcalde.

El grupo Ballester, que promueve el plan, añade que no se hubiera arriesgado a presentarlo "sin garantías de abastecimiento". "Somos escrupulosos", dice su director de comunicación en Alicante, Orlando Torregrosa.

La constructora también lidia con recursos judiciales contra otros planes que impulsa en la provincia, lo que acarrea "retrasos y perjuicios financieros importantes", apunta Torregrosa. "Nos preocupa también el daño a la imagen, porque planea una sombra de duda sobre la empresa cuando está cumpliendo con los trámites que marca la ley", añade. Los jueces tendrán la última palabra.