Nuevas pruebas acusan al fiscal general de EE UU de favoritismo

A las puertas de una semana que puede ser decisiva para su suerte final, nuevas pruebas reveladas ayer tienden a confirmar la acusación de que el fiscal general de Estados Unidos, Alberto Gonzales, participó en el relevo por razones de lealtad política de varios fiscales. Ésas y otras pruebas apuntan también hacia la Casa Blanca y anuncia una nueva tormenta política para el presidente George Bush.

En uno de los mensajes remitidos a la investigación abierta en el Congreso, Kyle Sampson, que renunció el mes pasado a su cargo de jefe de Gabinete de Gonzales, proponía a la Casa Blanca cinco nombres de fiscales republicanos para su consideración como candidatos a relevar a algunos de los ocho fiscales que fueron destituidos.

Ese correo fue enviado en enero de 2006, es decir, casi un año antes de que los ocho fueran finalmente destituidos, en diciembre de ese mismo año, lo que prueba que la fiscalía general llevaba ya tiempo planificando una limpieza en el departamento.

En el correo, además, se mencionan como posibles candidatos a esos puestos a distintas personas que se caracterizan por su vinculación con el Partido Republicano, señalando aspectos de su carrera como haber participado como delegado en alguna convención republicana o dirigido la campaña de algún candidato republicano.

Esto último probaría dos cosas, dos infracciones, que podrían ser letales para Gonzales: una, que los fiscales eran cualificados no sólo por sus méritos profesionales sino por sus ideas políticas; dos, que se buscaban personas políticamente próximas al Gobierno para cargos en los que se exige independencia.

Despido de ocho fiscales

El despido de ocho de los 93 fiscales federales fue debido, oficialmente, a razones de pura incompetencia profesional. El Gobierno tiene derecho a designar los fiscales que crea conveniente y a destituirlos cuando le parezca oportuno, pero, mientras estén en el cargo, su comportamiento debe de ser -y habitualmente es- escrupulosamente independiente. Estos ocho fiscales despedidos se han quejado de haber sido víctimas de una purga política. El propio Gonzales tendrá esta próxima semana que dar explicaciones sobre ése y otros casos en una comparecencia ante el Congreso que se espera con la expectación de los grandes acontecimientos políticos en Washington.

Uno de los asuntos sobre los que, probablemente, Gonzales tendrá que dar explicaciones es sobre los miles de correos electrónicos que podrían servir para aclarar esta polémica y que, aparentemente, han desaparecido.

Se trata de un número indeterminado de e-mails que el principal asesor de la Casa Blanca, Karl Rove, y algunos de sus colaboradores habrían escrito sobre el asunto de los fiscales desde su cuenta de correo en el Partido Republicano.

La investigación del Congreso cuenta ya con los correos del Departamento de Justicia y de la Casa Blanca. Pero esta semana se ha sabido que Rove y otros funcionarios de la Casa Blanca tienen otras direcciones de correo con las que también trabajan, una de ellas es en el Partido Republicano. Desde esta última existían sospechas de que Rove hubiera ejercido su influencia para destituir a los fiscales.

Cuando los congresistas demócratas pidieron al Partido Republicano esos correos, recibieron la respuesta de que se habían perdido. Un grupo de presión especializado en estos temas aseguró ayer que, de acuerdo con sus propias investigaciones, los correos desaparecidos en el Partido Republicano son millones. Algunos congresistas demócratas han llegado a comparar estos correos perdidos con las cintas perdidas del Watergate. Y ése es el aroma que se respira a orillas del Potomac este lluvioso fin de semana, el aroma de un gran escándalo.