Unos producen y otros ganan dinero
Un millar de agricultores convocados por AVA protestan por el precio de los cítricos
Un coche deportivo descapotable rojo empapelado de billetes de 500 euros y un título: intermediarios. Tras el simbólico vehículo, un humilde agricultor en alpargatas porta una azada.
El dinero que paga el consumidor por los frutos del campo apenas repercute en el bolsillo de los productores agrícolas. A los labradores no les salen las cuentas y ya han encontrado un culpable en la cadena: el sistema de mercado impuesto por los comercios. "¿Te parece bien que todos ganen menos que tú?, acude a la marcha verde/naranja". Convocados por la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA), cerca de un millar de labradores marcharon ayer por el centro de Valencia para pedir una solución a su bancarrota. Las cosechas de los últimos años han superado las peores previsiones temporada tras temporada.
"No se pueden pagar impuestos sobre pérdidas", reclaman los agricultores
El millar aproximado de agricultores (2.000 según la policía local, 10.000 según los organizadores) protestaron por el sistema de mercado acordado por los comercios, hace cuatro años, que obliga a los productores a deshacerse de sus cosechas sin obtener beneficios. Detrás de una caravana de 30 tractores, los manifestantes tiñeron de verde y naranja la calle de San Vicente Mártir de Valencia. Pidieron al Gobierno un plan de ayudas que cubra, al menos, los gastos de recolección. Antes de que los agricultores obtengan beneficio por sus cosechas, una cadena de intermediarios exprime el beneficio.
Vicente Magraner, un veterano agricultor de Almussafes ha obtenido este año, de sus 15 hanegadas de naranjos, 30.000 kilogramos de clementinas. El penoso resultado de la venta de su fruta le ha supuesto un resultado negativo de 1.592 euros. "Mandé a mi mujer a cobrar y al final he tenido que pagar por trabajar", explica excitado enseñando las cuentas en el recibo que le entregó su cooperativa. Gastos de recolección: 3.100 euros. Beneficio de venta: 1.708. Resultado final: a Magraner le cuesta dinero trabajar. "Menos mal que la cooperativa no me recogió todo. Habría perdido más dinero", lamenta.
Mientras describe su situación, su primo Miguel Ángel y un compañero, Juan Felici, hacen un análisis de la situación del sector. "El problema es que aquí no hay nada" dice Felici señalando su cabeza. "La culpa la tenemos nosotros por aceptar las condiciones de los comercios". La venta a resultas, exigida desde hace cuatro años por los comerciantes garantiza sólo el beneficio de las distribuidoras y los comercios.
"Nos tendríamos que quedar con una agricultura de subsistencia para nosotros y olvidar a los comercios", opina Felici. Un portavoz de ÁVA corrobora la premisa: "Es cierto, pero la mentalidad del agricultor siempre pretende recoger toda la fruta. Existe un gran sentido de autocrítica". "Si dejaran de vender gratis la naranja habría precios y contratos", analiza.
A la autocrítica añaden las recriminaciones al Gobierno por no defender sus intereses en la Unión Europea y por permitir la importación de alimentos. "Estos días hemos visto la movilización de todos por los trabajadores de Delphi, en Cádiz. ¿Y nuestra situación? Me solidarizo con ellos, pero nosotros somos más. De nuestros cultivos viven miles de personas y generamos 7.800 millones de pesetas. Parecemos una ONG. Trabajamos para que ganen otros", denuncia Pepe Balaguer, agricultor de Vila-real. "El problema es que nosotros damos la cosecha gratis y esperamos beneficios y luego viene al puerto de Valencia un barco de Suráfrica con naranjas y las vende a 80 céntimos el kilo", ejemplifica para protestar por las importaciones. "Además añade el beneficio para el medio ambiente que proporcionan nuestros árboles", comenta un compañero castellonense de Balaguer que pide ayudas al ministerio de Agricultura.
"Queremos que los productos del campo se paguen a un precio digno, que contraten como toda la vida y que los agricultores puedan vivir dignamente", manifestó Cristóbal Aguado, presidente de AVA. Los manifestantes reclamaron una ley que regule los precios, un seguro que cubra las pérdidas, protección ante las importaciones europeas y una adaptación fiscal. "No se pueden pagar impuestos sobre pérdidas", demandaron.
