Dimite un concejal de Esquerra que especuló con terrenos de su propiedad

Josep Maria Viure Sala, concejal independiente por las listas de Esquerra Republicana en la localidad barcelonesa de Vallgorguina, dimitió ayer de su cargo, a petición del alcalde, tras revelarse que tenía intereses urbanísticos en el municipio. En concreto, Viure, concejal del Ayuntamiento desde 2003, vendió unos terrenos rústicos a una empresa inmobiliaria sabiendo que el Consistorio tenía previsto recalificarlos como urbanizables. Con esta previsión, Viure pactó con la empresa compradora una revisión del precio, de hasta 2,4 millones, en función del número de viviendas edificables.

El alcalde de la población, el republicano Josep Antoni Sánchez, pidió ayer la dimisión del edil y ordenó la inmediata paralización del proceso de aprobación del Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM), después de que en el pleno del miércoles por la noche la oposición de Convergència i Unió (CiU) denunciara públicamente este caso.

El alcalde, en declaraciones a este periódico, admitió que el concejal dimisionario pudo utilizar información privilegiada debido a su cargo, ya que conocía la prevista recalificación del solar. Además, el voto de Josep Maria Viure fue decisivo para la aprobación del POUM en el pleno municipal, cuando debía haberse ausentado al tener intereses en su recalificación. "Lo siento, me equivoqué, hubiera tenido que comunicar la venta de ese terreno al Ayuntamiento y no lo hice. Pero en ningún caso fue un asunto de mala fe", manifestó ayer a EL PAÍS.

Según los nacionalistas, y de acuerdo con las escrituras de compra-venta del solar a las que ha accedido este periódico, Josep Maria Viure vendió por 600.000 euros unos terrenos rústicos de 16 hectáreas, muy próximos a la población de Vallgorguina, a la empresa inmobiliaria La Soleia Sociedad Limitada. La venta se realizó en febrero de 2005.

En la misma escritura, Viure admite conocer que el Ayuntamiento estaba en fase de redacción del POUM, que preveía la recalificación de los terrenos y la construcción como mínimo de 76 viviendas unifamiliares "de precio de venta libre", es decir, "no acogidas a protección oficial".

Un plus por edificabilidad

El contrato preveía que si el Ayuntamiento, en los tres años posteriores, recalificaba el terreno y permitía edificar una cantidad de viviendas igual o superior a 76, el concejal percibiría además la cantidad de 2,49 millones de euros. La escritura también contempla penalizaciones monetarias en caso de que los planes parciales urbanísticos redujeran la edificabilidad en la zona o que el Consistorio no la recalificara. Incluso planteaba la posible anulación de la operación inmobiliaria.

El Ayuntamiento de Vallgorguina aprobó el POUM el 4 de enero de este año con los votos a favor de los cinco concejales de Esquerra Republicana, y la oposición de los tres de Convergència i Unió. Una edil nacionalista no pudo asistir al pleno.

Según el alcalde, para sacar adelante el POUM se requería la mayoría absoluta del Consistorio lo que hacía imprescindible la asistencia y el voto de Josep Maria Lliure. Finalmente, este plan prevé la construcción de 174 viviendas en el solar vendido por el concejal.

El Plan de Ordenación Urbanística se encuentra en fase de alegaciones, periodo que termina a finales de este mes. Por este motivo, CiU denunció los hechos en el pleno de la noche del miércoles, el último de este mandato. Ni el alcalde y ni el resto de los concejales republicanos conocían este negocio inmobiliario, según admitió Josep Maria Viure. "Ayer dimití por mis compañeros y porque reconozco que metí la pata, pero sin ninguna maldad", agregó. Josep Maria Viure declaró ayer a EL PAÍS que se decidió por vender los terrenos, sobre los cuales pesaba una hipoteca, para sufragar los gastos médicos de un familiar que se encontraba en grave estado de salud y que también era propietario del solar.

Los nacionalistas reclamaron ayer la paralización del POUM al considerar su aprobación "nula de pleno derecho" y pidieron "esclarecer las posibles responsabilidades en que hubiera podido incurrir el concejal, los presuntos delitos en que puede estar implicado -información privilegiada, tráfico de influencias, soborno o prevaricación- como el resto de cargos electos que aprobaron este acuerdo".