El Ararteko reclama a Educación que fije cuotas de inmigrantes en cada colegio

El Ararteko ha recomendado al Departamento de Educación que establezca cuotas para repartir de forma equilibrada a los alumnos inmigrantes, los que tienen necesidades educativas especiales ligadas a una discapacidad y a los gitanos entre los colegios de la red pública y de la privada concertada, con el fin de evitar la creación de "guetos escolares". El Defensor del Pueblo vasco incluye esta recomendación en su informe de actividad correspondiente a 2006, que ayer entregó al Parlamento para su posterior debate con los grupos políticos. Según el ararteko, Iñigo Lamarca, el establecimiento de este tipo de cupos garantizaría la mejor integración del alumnado en la vida escolar, además de ser una prueba de justicia social. Sin embargo, su deseo choca con el criterio del Gobeirno vasco, que no comparte este planteamiento.

Pide una revisión de la Ley contra la Exclusión Social para que se ajuste a las nuevas necesidades que están surgiendo

Recomienda a Gobierno y diputaciones que no establezcan límites de edad para las personas que quieren adoptar niños

Reitera sus críticas a la Ertzaintza por el 'caso Beroiz', el joven que cumplió dos años de cárcel por violencia callejera

La recomendación del Ararteko llega precisamente en un momento de intenso debate sobre las cuotas. El Parlamento rechazó hace dos semanas, con los votos del tripartito y del PP, la fijación de cupos con el argumento de que va en contra del derecho a la elección de centro por parte de los padres. A pesar de que todos los partidos coinciden en que el incesante crecimiento del número de inmigrantes en el sistema educativo exige nuevas medidas, no se ponen de acuerdo con la receta. Mientras los socialistas plantean la necesidad de distribuir a los inmigrantes de forma equilibrada entre las dos redes, ya que ambas reciben fondos públicos, y establecer un cupo mínimo, el Departamento de Educación se opone a esta medida. En la actualidad, cerca del 68% de los alumnos extranjeros se concentran en escuelas públicas y el resto en concertadas.

En su informe, el Ararteko insiste en tres ideas. Por una parte, en dar prioridad a la educación temprana del alumnado desfavorecido. En segundo lugar, en discriminar de manera positiva en la asignación de recursos a aquellos centros que atienden en mayor grado a este tipo de estudiantes. Y, por último, apela a un reparto más equilibrado entre las dos redes. "Nuestra recomendación", expone el Ararteko, "pretende evitar la acumulación de una gran proporción de alumnado de estas características. Por ello, es necesario establecer algunas medidas como fijar ratios, revisar la normativa de matriculación y hacer un seguimiento de derivaciones o expulsiones de alumnos encubiertas desde los centros privados".

Sobre el alumnado gitano, el departamento rebate al Ararteko e indica que lo más preocupante no es la ubicación de los niños en un mismo lugar, sino sus bajos índices de éxito escolar. Por eso, centra sus esfuerzos en descubrir las dificultades existentes para que los alumnos no obtengan el graduado escolar en Secundaria. En el caso de este colectivo, su escolarización en centros públicos es aún más abrumadora, ya que el 89% cursa sus estudios en aquéllos, mientras que sólo el 11% restante acude a los de la red privada concertada.

Según el Ararteko, "la integración efectiva exige que el colegio esté plenamente normalizado. Pero si una gran parte del alumnado presenta la misma tipología es muy difícil que se produzca". Estas son otras de las recomendaciones y aspectos más destacados del informe:

- Un 15% más de quejas. Durante 2006 se han presentado un total de 1.678 quejas, lo que supone un 15% más que el año anterior. El informe constata que al menos el 36,84% de las quejas eran fundadas, es decir que existía alguna actuación incorrecta por parte de las instituciones afectadas. En la mayor parte de los casos, la administración implicada enmendó su actuación sin que fuera necesario una recomendación del Ararteko. Casi la mitad de las quejas se dirigen contra los ayuntamientos. Una quinta parte de las reclamaciones contra el Gobierno se presentaron contra Educación.

- Edad de los adoptantes. El Ararteko propone que no se tenga en cuenta como requisito para adoptar la edad de los futuros padres. Plantea un análisis caso por caso, donde se tengan en cuenta todas las circunstancias personales y familiares que concurran en cada supuesto. Esta recomendación se produce cuando el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales está elaborando un nuevo decreto sobre las adopciones, que establecerá que la diferencia máxima de edad con el adoptado será de 44 años.

- 'Caso Beroiz'. El informe incluye el denominado caso Beroiz, referido a un joven absuelto de un delito de violencia callejera tras pasar casi dos años en prisión preventiva. El Ararteko insiste en que un "mayor rigor en la investigación" por parte de la Ertzaintza hubiera evitado el encarcelamiento. Este caso ya provocó un encontronazo entre Lamarca y el consejero de Interior, Javier Balza, quien le acusó de haber afrontado este caso con frivolidad. En su informe, el Defensor del Pueblo Vasco reitera sus críticas a Interior por su "tardanza en colaborar" con esta institución, aunque reconoce que también se dio algún malentendido. Las críticas de Lamarca le valieron en su momento el reproche del PNV, que le advirtió, que de mantenerlas en su informe (el presentado ayer) no contaría con su apoyo. Si se confirma esa falta de respaldo, el Ararteko quedaría en una situación incómoda.

- Revisión de la Ley contra la Exclusión Social. La actual configuración de las prestaciones económicas de la ley (renta básica y ayudas de emergencia social) puede dejar sin cobertura nuevas situaciones de necesidad, según alerta el informe. Es el caso de las familias monoparentales con hijos mayores de 18 años. Además, el Ararteko aprecia que se produce una aplicación distinta de la norma en función del territorio.