EA y la oposición creen un "fraude de ley" sacar el impuesto vía decreto

La maniobra legal consistente en aprobar el Impuesto de Sociedades por un decreto foral-norma, como apuntó el lunes el diputado general de Guipúzcoa, el peneuvista Joxe Joan González de Txabarri, ha suscitado una cascada de reacciones contrarias desde todos los partidos de la oposición. A las críticas se sumó, y con un tono muy ácido, EA, su socio de gobierno en la Diputación. Su presidenta, Begoña Errazti, considera un "fraude de ley" emplear esta fórmula.

Begoña Errazti acusa al PNV de actuar con una "prepotencia tremenda"

La figura del decreto foral-norma es nueva en el ordenamiento foral. Fue incluida en julio de 2005 en la norma foral sobre Organización Institucional, Gobierno y Administración del Territorio Histórico de Guipúzcoa. Según estipula el artículo 14 de esta normativa, el consejo de diputados podrá dictar estas "disposiciones normativas provisionales" por razones de "extraordinaria y urgente necesidad". Estos decretos deben ser "inmediatamente" sometidos a debate y votación en el seno de la Comisión Permanente en el plazo de 30 días siguientes a su publicación. La composición de la Permanente de las Juntas de Guipúzcoa se ajusta exactamente al reparto proporcional de los escaños con que cuenta cada uno de los grupos en la Cámara. De ahí que el PNV, además del apoyo del PP, necesita el voto favorable o la abstención de EA en este órgano legislativo para sacar adelante la reforma del impuesto con un tipo del 28%.

El uso de este mecanismo legal, planteado por Txabarri como el último recurso que le queda a su partido para igualar el tipo a los otros dos territorios, recibió fuertes reproches por parte de EA y de todos los grupos de la oposición. Errazti empleó duras palabras para enjuiciar la actuación del PNV en la Diputación guipuzcoana. Calificó de "absolutamente ilógica" la retirada del proyecto impositivo y advirtió que tratar de aprobar la reforma a través de un decreto foral-norma supondría "un fraude de ley" ante el que su partido "no se va a quedar tranquilo.

La presidenta de EA, que en todo momento ha planteado una guerra sin cuartel en este asunto e insistido en no doblegarse a las pretensiones del PNV, puso a prueba la valentía de Txabarri al declarar lo siguiente: "Vamos a ver si [el diputado general] realmente se atreve a dictar un decreto con el que van a estar en contra absolutamente todas las fuerzas políticas, no solamente EA". Y acusó al PNV de actuar con "una prepotencia tremenda y una actitud de 'se hace lo que yo quiero o nada'. Tendrán factura de todo esto".

Los socialistas calificaron de "auténtico escándalo" y de "penosa traca final de legislatura" la posible aprobación del impuesto mediante un decreto. Miguel Buen, secretario general del PSE guipuzcoano, sostuvo que dicha fórmula sería "muy difícil de asumir en términos democráticos y un verdadero fraude de ley". Y concluyó: "El PNV ha actuado con excesiva soberbia y tiene que empezar a acostumbrarse a perder. No puede gobernar contra las Juntas Generales".

EB y Aralar, que concurrirán en coalición en los próximos comicios de mayo, solicitaron a Txabarri que "no caiga en la tentación de imponer un decretazo", sólo contemplada para resolver situaciones excepcionales. La argucia legal, según estas formaciones, significa "imponer leyes por la puerta de atrás, un fraude de ley y una burla a la soberanía de las Juntas", además de uns estrategia para esconder "una derrota" y el "fracaso" del PNV en su política de consensos con su aliado en el gobierno foral, afirmaron Jon Lasa, juntero de EB, y Ernesto Merino, miembro de la Ejecutiva guipuzcoana de Aralar.

Incluso el PP de Guipúzcoa, que en esta polémica va de la mano con los peneuvistas, se sumó al carro de las críticas, aunque no entró a valorar las intenciones de Txabarri de preparar un decreto de última hora. Regina Otaola, portavoz popular en las Juntas, se opuso a la retirada del proyecto, que responde, a su juicio, a "la penúltima escenificación de las discrepacias en la coalición PNV-EA, más interesada en los resultados electorales que en los intereses de Guipúzcoa". Añadió que esta medida va a perjudicar a las empresas del territorio, puesto que se sitúan en "condiciones de inferioridad" al resto al tener que tributar al 32,6% si no media una reforma antes del 31 de diciembre de este año.