El Gobierno evita pronunciarse tras la ruptura de la unidad fiscal en Sociedades

Al día siguiente de saltar por los aires la simetría fiscal en la comunidad autónoma, una vez aprobados en Álava y Vizcaya tipos del Impuesto de Sociedades diferentes al existente en Guipúzcoa, el Gobierno eludió pronunciarse sobre la situación inédita producida. La portavoz del Ejecutivo, Miren Azkarate, guardó silencio sobre la crisis fiscal abierta en los tres territorios, y se limitó a afirmar que el desencuentro entre el PNV y EA, que ha impedido en las Juntas Generales de Guipúzcoa que haya un impuesto común, no va a debilitar la política de colaboración de ambos partidos en el Gobierno.

En medio de una crisis fiscal sin precedentes, el Gobierno mira para otro lado y parece renunciar a ejercer el protagonismo que ha desempeñado en los últimos meses en esta materia. Primero, para la reconstrucción del Impuesto de Sociedades, tras la anulación por el Tribunal Supremo de sus principales contenidos en diciembre de 2004. Y después, para conseguir que su reforma fuera consensuada en los tres territorios y tuviera la misma arquitectura y tipos impositivos.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno semanal, la consejera portavoz, Miren Azkarate, despachó con un lacónico "no" a la pregunta de si el Gobierno tenía algo que decir ante la situación creada tras la retirada in extremis por la Diputación de Guipúzcoa del proyecto de norma del Impuesto de Sociedades. Esta decisión, adoptada para evitar la derrota del tipo general planteado, ante el rechazo del mismo por EA, socio de gobierno del PNV en la Diputación guipuzcoana, deja de momento a los empresarios de este territorio sin saber a ciencia cierta qué tipos se van a aplicar a los beneficios que obtengas sus empresas en este ejercicio, que se liquidará en julio de 2008. Mientras en Álava y Vizcaya ya han aprobado los nuevos gravámenes del 28% para las grandes empresas (32,5% en territorio común) y el 24% para las pymes, en Guipúzcoa se mantiene el 32,6% y el 30% para las pymes.

Ante la insistencia de los periodistas, la portavoz del Gobierno volvió a evitar una respuesta. La semana anterior, preguntada por la posibilidad de que se diera una desarmonización fiscal, señaló: "No vamos a pronunciarnos sobre hechos hipotéticos". Y agregó que el Ejecutivo ya había dicho todo lo que tenía que decir en el seno del Órgano de Coordinación Tributaria (OCT), que reúne a representantes técnicos del Gobierno y de las tres diputaciones. Sin embargo, una vez consumada dicha posibilidad, Azkarate rehusó ayer reiteradamente manifestar la opinión del Ejecutivo. Ante una nueva pregunta, únicamente descartó que lo sucedido en Guipúzcoa entre el PNV y EA vaya a tener repercusiones en el seno del Gabinete tripartito, cuya estabilidad dio por asegurada.

Este desentendimiento del Gobierno contrasta con el papel muy activo que ha jugado hasta ahora en la reforma del impuesto a través de la vicelehendakari y consejera de Hacienda, Idoia Zenarruzabeitia. Primero evitó que hubiera tipos diferentes cuando el Tribunal Superior, en aplicación de la sentencia del Supremo, anuló el intento de las tres diputaciones de repetir el gravamen anulado en primera instancia (el 32,5%). Y más tarde, cuando las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa, gobernadas por el PNV, fijaron los aspectos esenciales del nuevo impuesto sin contar con la de Álava, controlada por el PP, y ésta amenazó con establecer su propio esquema. Finalmente, la situación se recondujo en las negociaciones desarrolladas en el seno de la OCT.

El hecho de que la aplicación efectiva del nuevo impuesto no se produzca hasta final del ejercicio acrecienta el enfado suscitado por esta situación entre los empresarios. En el caso de Guipúzcoa, la patronal Adegi, ya expresó el lunes su "sorpresa y malestar" por lo sucedido. También las confederal Confebask advirtió de que un tratamiento fiscal "diferenciado y más gravoso" en esa provincia supondría "un grave quebranto" para sus empresas (16.000), la mayoría de las cuales son pymes. Además de la incertidumbre, los empresarios critican el "espectáculo" de desunión ofrecido en un ámbito tan sensible como el de la fiscalidad.

"Estamos todo el día pidiendo que se blinden las capacidades fiscales del Concierto Económico ante los recursos de otras comunidades, y luego demostramos con esta chapuza cómo respetamos aquí el Concierto", manifestó ayer a este periódico un directivo de una empresa vizcaína.

El PNV pide "serenidad"

Respondiendo a esta inquietud, la dirección del PNV lanzó ayer un "mensaje de serenidad" a la sociedad y a "los agentes económico y sociales". En un comunicado, subrayó que aún queda tiempo y que buscará la estabilidad y "la aplicación del acuerdo común a los tres territorios", por lo que no da por desarmonizado el impuesto.

En este sentido, el PNV recalca que la propuesta del 28% fue aprobada en el OCT y que, por lo tanto, "obliga" a las tres diputaciones y al Gobierno. "Es radicalmente falso que este acuerdo responda a negociaciones entre partidos de uno u otro ámbito", recalca en referencia a la postura de EA. Así mismo, respalda la decisión del diputado general de Guipúzcoa de retirar su propuesta de las Juntas y apoya la posibilidad de recurrir a la vía del decreto foral-norma u otras fórmulas.