El PP defiende aplicar el Código Penal Militar a los guardias civiles

El PP defenderá "con toda rotundidad" la aplicación del Código Penal Militar a los guardias civiles, incluso cuando cumplan tareas de seguridad ciudadana o tráfico. En cambio, quiere excluirlos del régimen disciplinario castrense, que incluye la posibilidad de imponer arrestos, aunque formen parte de unidades militares en zonas de conflicto. Así lo reveló ayer su portavoz en la Comisión de Interior del Congreso, Alicia Sánchez-Camacho.

La comparecencia del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, para explicar los dos proyectos de reforma de la Guardia Civil aprobados el viernes por el Consejo de Ministros -el código disciplinario y la ley de derechos y deberes- sirvió para desvelar en parte la actitud del PP.

Sánchez Camacho no quiso anticipar si su grupo presentará enmiendas a la totalidad de las dos leyes, pero reveló que se opondrá a uno de los ejes de la reforma: que el Código Penal Militar deje de aplicarse a los guardias civiles que realizan funciones policiales y sólo les afecte cuando cumplan misiones militares o se integren en unidades del Ejército. Para la portavoz del Grupo Popular, esta medida supone una "desmilitarización encubierta".

El PP ha tomado prestado el argumento del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que impuso un dictamen contrario al proyecto del Gobierno en el que aseguraba que la no aplicación del Código Penal Militar a los agentes era "incongruente" con su naturaleza militar, podría dejar en la "impunidad" conductas graves y planteaba "serias dudas acerca de su constitucionalidad".

Pese a ello, Sánchez Camacho reivindicó el borrador de reforma disciplinaria que elaboró el Gobierno del PP -y que nunca llegó al Consejo de Ministros por la oposición de Defensa- , que suprimía los arrestos disciplinarios en cualquier circunstancia. En este sentido, era más desmilitarizador que el del Gobierno socialista, pues éste aplica el régimen disciplinario castrense, y por tanto los arrestos, para los guardias civiles que cumplan misiones militares o estén integrados en unidades del Ejército. La doble propuesta del PP es como mínimo paradójica: disciplina civil para los guardias enviados a Afganistán y Código Penal Militar para los agentes de tráfico.

Manifestación

El debate en la Comisión de Interior del Congreso no se centró tanto en las reformas como en si éstas fueron consecuencia de la manifestación que unos 3.000 agentes de uniforme celebraron el 20 de enero en la Plaza Mayor de Madrid. Todos los grupos establecieron una relación de causalidad entre ambos hechos, que Rubalcaba negó con el argumento de que, cuando se produjo el acto de protesta, la ley disciplinaria ya había sido remitida al CGPJ para su informe preceptivo. Efectivamente, el Gobierno remitió ese texto el 12 de enero, una semana antes de la concentración, pero para entonces ya se conocía su convocatoria. Respecto a la ley de Derechos y Deberes, su aprobación se decidió tan a última hora que fue directamente a la mesa del Consejo de Ministros, sin pasar por el Consejo de Estado o la Comisión de Subsecretarios.

"La reforma no quita un ápice de eficacia a la Guardia Civil; si además da satisfacción a algunas reivindicaciones, miel sobre hojuelas", zanjó Rubalcaba, quien se esforzó por presentar como un episodio superado la concentración de la Plaza Mayor.

El ministro, que ha puesto su firma a la reforma al año escaso de llegar al cargo, quiso rendir homenaje a los diputados socialistas que la han impulsado desde hace años: Carme Chacón, Mamen Sánchez, Ángel Martínez Sanjuán y Victorino Mayoral.