Aragón participará en el control del Ebro pero el Estado mantendrá la supremacía

De la satisfacción plena de la mayoría del Parlamento a la decepción absoluta de Chunta Aragonesista. Fueron los estados de ánimo políticos que suscitó ayer la aprobación por el Congreso del nuevo Estatuto de Aragón. Todos los grupos se avinieron a la fórmula de coparticipación de la comunidad en la gestión y planificación de los recursos hidráulicos, así como para cualquier transferencia de agua del Ebro a otras comunidades. No obstante, el Estado conserva la primacía en todo lo que califique de "interés general", si bien propiciará el acuerdo entre las comunidades afectadas.

Una amplia representación de las Cortes de Aragón y del Gobierno autónomo, encabezada por el presidente Marcelino Iglesias, presenció ayer casi con emoción cómo el Congreso de los Diputados aprobaba por abrumadora mayoría un nuevo Estatuto para esta "nacionalidad histórica". Los cambios introducidos en el Congreso en relación con el texto que había llegado desde Las Cortes de Aragón han sido asumidos por PSOE y PP. En este recorrido, el enojo de Chunta Aragonesista (Cha) ha ido en aumento, y ha pasado de la abstención al no. El portavoz de ERC, Joan Tardà, ensalzó ayer los aspectos favorables del texto, pero optó por la abstención al coincidir con las críticas de la Chunta. El PNV, a través de Aitor Esteban, y CiU, por voz de Jordi Xuclà, se decantaron por el sí. También la diputada de IU Isaura Navarro.

Los resquemores insalvables de Cha, según expuso su portavoz en el Congreso, José Antonio Labordeta, se centran en el control del agua y en la falta de concreción de inversiones del Estado en Aragón.

El problema con el agua lo tenían PSOE y PP con sus respectivos partidos en Aragón. El texto aragonés iba más allá de lo que los dos partidos nacionales podían aceptar, aunque todo se ha llevado con mucha discreción y con ánimo de llegar a un acuerdo. Ha sido posible una vez que se ha restado a Aragón capacidad exclusiva para decidir sobre sus aguas a cambio de dar a la comunidad participación en todos los órganos de gestión y planificación de los recursos hidráulicos.

Ha quedado la disposición adicional quinta, que invoca la resolución de las Cortes de Aragón del 30 de junio de 1992 que estableció una reserva de agua para uso exclusivo de los aragoneses de 6.550 hectómetros cúbicos. Ésta es una forma de "blindar" el Ebro y hacer imposible un trasvase. Pero en la práctica hay que fijarse en el artículo 72 del nuevo Estatuto, en el que prima la coparticipación entre la comunidad y Gobierno central. Aragón "participará y colaborará en la planificación hidrológica y en los órganos de gestión estatal de los recursos hídricos, de acuerdo con la Constitución y las leyes que desarrollan el artículo 149.1.22", sobre competencias del Estado. Para cualquier "transferencia de agua", que afecte a su territorio, la comunidad autónoma deberá emitir un informe preceptivo. "El Gobierno de España deberá propiciar de forma efectiva el acuerdo entre todas las comunidades autónomas que puedan ser afectadas".

A pesar de numerosos artículos sobre el agua en los que se habla de "competencia exclusiva", como la ordenación, la planificación y la gestión de las aguas, la Chunta Aragonesista centra su oposición en que tras esta exclusividad siempre figura la precisión: "... siempre que no estén calificadas de interés general". Y esto lo decide el Estado. Pero la mayoría ensalza de este Estatuto los nuevos derechos, el aumento del autogobierno y la relación equilibrada con el Gobierno central. Así lo manifestaron el presidente aragonés, el socialista Marcelino Iglesias, así como el portavoz del PP de esta ley en el Congreso, Ángel Pintado; el del PSOE, Jesús Membrado, y el de CC, Luis Mardones, en nombre del Par.

Por el Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega y Jordi Sevilla votaron y aplaudieron el nuevo Estatuto, como hicieron con las cuatro reformas anteriores: Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía y Baleares.