El Congreso da vía libre a la ley que cede la gestión de los parques nacionales a las comunidades autónomas

La gestión de los parques nacionales, la joya de la corona del patrimonio natural español, es desde ayer competencia exclusiva de las comunidades autónomas. La nueva Ley de la Red de Parques Nacionales pasó el último trámite en el Congreso -con el apoyo de todos los grupos- y entrará en vigor en los próximos días, aunque el traspaso de recursos humanos y materiales de la Administración central a las autonómicas lleva en marcha desde enero.

La normativa, obligada por dos sentencias del Tribunal Constitucional que en 2004 dieron la razón a las comunidades autónomas, reserva, sin embargo, al Estado la "coordinación" de toda la red, la responsabilidad de marcar "objetivos, directrices y criterios comunes" en un plan director, y la capacidad para revocar la declaración de parque nacional; ésta se producirá si la comunidad autónoma correspondiente permite una "degradación significativa" del espacio natural o introduce usos prohibidos (como el urbanístico). España tiene actualmente 14 parques nacionales, que ocupan apenas el 0,6% de la superficie del país.

La declaración de parque nacional seguirá dependiendo de una ley votada en Cortes Generales, aunque previa aprobación por los Parlamentos regionales. Después, la gestión diaria la asumirá la comunidad autónoma en exclusiva (ahora era compartida). Una vez obtenido ese máximo rango, en el parque estará prohibida la caza, la pesca, cualquier tipo de explotación agrícola o forestal y la tala con fines comerciales. El suelo no podrá ser "en ningún caso" susceptible de urbanización o edificación. Cada tres años, el Ministerio de Medio Ambiente elaborará un informe de evaluación.

"Debe quedar claro que esta ley no desprotege los parques, al contrario: la Administración central será muy exigente, las comunidades no van a poder hacer lo que quieran", asegura la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. Las organizaciones ecologistas, que pusieron el grito en el cielo tras las sentencias del Constitucional calificándolas de "golpe mortal" al patrimonio común, estaban ayer bastante más tranquilas. "La ley salva los muebles: establece unas restricciones mínimas, a pesar de las presiones de todo tipo que han ejercido las comunidades", afirmó Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF-Adena, que desconfía, sin embargo, de la capacidad de la Administración central para vigilar que se cumplan las directrices impuestas. "La ley es positiva: fija un modelo común y fortalece la red", apuntó Theo Oberhuber, coordinador de Ecologistas en Acción.