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El Gobierno aprueba el proyecto que regula el derecho de asociación en la Guardia Civil

La nueva ley prevé la creación de un consejo para abordar las cuestiones profesionales

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy los proyectos de Ley de Derechos y Deberes y de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil. El primero regula por vez primera el derecho de asociación en este instituto armado de naturaleza militar, mientras que el segundo suprime los arrestos y la aplicación del Código Penal Militar a los agentes cuando cumplan funciones de carácter policial. Con estas medidas, el PSOE da por cumplidas las reformas de la Guardia Civil prometidas en su programa electoral y pretende sellar la paz con las asociaciones de guardias civiles.

El programa electoral del PSOE no incluía la desmilitarización de la Guardia Civil, que fue defendida por algunos de sus miembros cuando estaba en la oposición, pero sí dos medidas encaminadas a civilizar su funcionamiento: la reforma del régimen disciplinario, para suprimir las sanciones de arresto, y la regulación del derecho de asociación de sus miembros.

A ambas promesas intentará responder hoy el Gobierno cuando queda apenas un año de legislatura y tras varios meses de tensión entre los dirigentes socialistas y la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), arrapada por los sindicatos policiales y de clase.

El Estatuto de Derechos y Deberes regula el derecho de asociación de los miembros del instituto armado y su participación en los asuntos profesionales a través del denominado Consejo de la Guardia Civil.

Este organismo colegiado de nuevo cuño, en el que se sentarán representantes de los ministerios implicados y de las asociaciones, vendrá a sustituir al Consejo Asesor del director de la Guardia Civil, que cayó en la inoperancia tras el boicoteo de la AUGC y la mínima participación de los agentes en sus elecciones internas.

Hace años que la AUGC -a la que pertenecen 25.000 de los alrededor de 75.000 guardias- y las asociaciones minoritarias de la Guardia Civil son legales, pues así lo ordenaron los tribunales, con la oposición muchas veces de los gobiernos de turno, pero la falta de un marco legislativo en el que desarrollar sus actividades y de un cauce de participación las situaban en un limbo legal.

Con esta situación pretende acabar el Estatuto de Derechos y Deberes de los agentes, partiendo de la base de que la Guardia Civil seguirá siendo un instituto armado de naturaleza militar y de que, por tanto, los agentes seguirán privados de los derechos de huelga o sindicación, según el mandato constitucional.

Por su parte, el nuevo régimen disciplinario de la Guardia Civil elimina las sanciones de privación de libertad y la sujeción de los agentes al Código Penal Militar, excepto cuando cumplan misiones de carácter militar. En adelante, las faltas cometidas por los agentes en el desempeño de sus funciones habituales serán castigadas con sanciones tales como pérdida de emolumentos o suspensión de empleo, igual que en el Cuerpo Nacional de Policía.

El retraso en estas dos reformas estuvo en el origen de la manifestación que 3.000 guardias de uniforme protagonizaron en la Plaza Mayor de Madrid el pasado 20 de enero y que dio lugar a la apertura de una veintena de expedientes disciplinarios a los principales dirigentes de la AUGC, empezando por su secretario general Joan Miquel Perpinyá.

Paradójicamente, la apertura de los expedientes disciplinarios sirvió de acicate para las negociaciones entre la AUGC y el Grupo Parlamentario Socialista que, tras varios meses de estancamiento, se reanudaron el pasado 9 de marzo.

Fuentes conocedoras de las negociaciones aseguraron que éstas concluyeron con un acuerdo, que deberá plasmarse en los dos textos que hoy apruebe el Consejo de Ministros. La AUGC no quiso realizar ayer ninguna valoración, a la espera de conocer los proyectos de ley aprobados por el Gobierno y comprobar si reflejan los acuerdos alcanzados con el PSOE.

A diferencia de la ley disciplinaria, que se remitió para informe previo al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo de Estado y al Consejo Fiscal, el Estatuto de Derechos y Deberes se remitirá directamente al Congreso, por lo que su contenido no ha trascendido. Fuentes próximas a la AUGC conocedoras del primer borrador lo calificaron de "inaceptable" y expresaron su confianza en que haya sido profundamente revisado, La tramitación parlamentaria permitirá, en todo caso, nuevas modificaciones.

Por su parte, la ley disciplinaria tuvo que sortear la oposición del Consejo General del Poder Judicial, cuyo sector conservador cuestionó la constitucionalidad de sustraer del ámbito de aplicación del Código Penal Militar a un instituto de naturaleza militar. El Consejo Fiscal, por el contrario, pidió que la revisión de las sanciones correspondiera a la justicia ordinaria y no a la militar.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 16 de marzo de 2007