Los restos de Lorca

Andalucía es su nombre sigue su andadura los sábados en Canal Sur TV. La última entrega estuvo dedicada a la memoria histórica y desgranó un puntual recuento de las víctimas de la Guerra Civil, el maquis y la II Guerra Mundial, hasta llegar a felonías tan recientes como las del caso Almería, Javier Verdejo y alguno más. Como era de esperar, Federico García Lorca abría el recuento. Y desde el sumario quedó claro el punto al que se trataba de llegar. Ian Gibson avanzó algo que luego se volvería a oír: Lorca es el poeta español más amado y más traducido, y por tanto el Estado debiera asumir la tarea de proceder a la identificación de su cadáver para que todos sepamos por fin dónde están sus restos.

El formato del programa (una sucesión de microespacios en la que los asuntos tratados quedan sólo enunciados sin que quepa abordarlos con un cierto detenimiento) condicionó gravemente el tratamiento que se hizo de la discusión planteada acerca de la oportunidad de excavar en la fosa de Víznar para discriminar de manera definitiva cuáles son los huesos de Lorca y cuáles los de las otras personas fusiladas con él. Por ejemplo: a propósito de la viabilidad o la dificultad de identificar de manera fiable los restos del poeta granadino, dos forenses, los doctores Botella y Lorente, hicieron afirmaciones contradictorias que no se confrontaron entre sí de manera que el espectador pudiese hacerse cargo del estado real de la cuestión. Pero sí se pudo oír por segunda vez la opinión de Gibson, que por cierto ignoraba el debate entre los expertos. Además, la intervención de Manuel Fernández Montesinos, sobrino de Lorca, quedó reducida a una síntesis de menos de un minuto que no pudo plantear la cuestión de fondo, que no es otra que el conflicto de derechos que se da en este caso concreto. Y así el resultado final volvía a ser -de nuevo manda el formato de la serie- una propagación sin argumentos de una determinada manera de ver las cosas, sólo que esta vez el asunto iba más allá de identidades abstractas y homenajes folklóricos porque afecta a un conflicto de derechos que no es sencillo ni de plantear ni de resolver.

Mi objeción a este tratamiento del tema es precisamente que no se puede hablar de este asunto sin decir que el derecho de los descendientes del poeta a negarse a dicha exhumación sólo puede ser legítimamente contradicho por una decisión que establezca que esa exhumación responde a un interés general o público, y eso sólo puede decidirlo una instancia legalmente habilitada para ello. Porque está claro que para decidir que unos derechos deben ceder ante algo que se considera de interés general o público no bastan ni el prestigio indiscutible del señor Gibson ni la opinión particular de los responsables de Andalucía es su nombre, que han hecho un amasijo con las tesis del mejor biógrafo del poeta y la indignación que provocan las otras muertes de las que hablan. Aceptar eso implicaría pasar por encima de lo único que nos hace ciudadanos: nuestros derechos, el derecho a decidir qué hacemos, por ejemplo, con nuestros muertos.