Guipúzcoa pedirá llevar sus basuras a otras provincias mientras construye la incineradora

El diputado para la Sostenibilidad de Guipúzcoa, Luis Mari Oyarbide, afirmó ayer que esta provincia deberá trasladar sus basuras (400.000 toneladas anuales) a territorios limítrofes durante casi tres años, en el periodo comprendido entre el cierre de todos los vertederos guipuzcoanos (previsto para julio de 2009) y la puesta en funcionamiento de la proyectada incineradora de Zubieta (verano de 2012). "Guipúzcoa apelará a la solidaridad de territorios inmediatos y no tan inmediatos" para la gestión de sus residuos, afirmó Oyarbide.

El diputado hizo estas declaraciones tras firmar un convenio entre representantes de la Diputación y de las siete mancomunidades (todas salvo la de Txingudi) para constituir el consorcio de residuos, que será la sociedad pública encargada de gestionar todas las infraestructuras de tratamiento de las basuras, tanto la incineradora, como las plantas de compostaje y las de transferencia y clasificación. Este consorcio se podría constituir antes del próximo 1 de mayo.

La Diputación y las mancomunidades están tratando de encontrar una solución al grave problema que se suscitará cuando dejen de estar operativos los cuatro vertederos que están abiertos en la actualidad (el de San Marcos se cierra este año y los de Azpeitia, Beasain y Zarautz, en 2009). Oyarbide opinó que a estos organismos no les va a quedar otro remedio que llamar a la puerta de otras provincias y pedirles que reciban temporalmente las basuras que se generan en Guipúzcoa. "Para eso, tenemos que ser capaces de ofrecerles plazos ciertos", añadió el responsable de Medio Ambiente.

Oyarbide anunció que el consorcio podría establecer penalizaciones para las mancomunidades que no cumplan con los niveles de recogida selectiva y reutilización de las basuras, y bonificaciones para los que cumplan los objetivos.

Txingudi

También se refirió al calendario previsto para tramitar el proyecto de la planta incineradora en los Altos de Zubieta. Al respecto, Oyarbide explicó que en primer lugar el Ayuntamiento de San Sebastián, en cuyo término municipal está ubicada esta infraestructura, deberá tramitar la modificación del Plan General y un estudio de impacto ambiental. En todo caso, aseguró que el proceso administrativo se prolongará durante dos años, a los que habrá que sumar el periodo de construcción de la planta.

Oyarbide afirmó que la Mancomunidad de Txingudi (Irún y Hondarribia) será "bienvenida" al futuro consorcio, si finalmente se suma al proyecto de la incineradora provincial y renuncia a construir su propia planta en unos terrenos de Hondarribia. Esta mancomunidad podría adoptar esta decisión en una asamblea que se celebrará durante el próximo mes de abril, según fuentes de esta entidad.