Socialistas, populares y CiU acuerdan que no se regule la prostitución como trabajo

En España no habrá ni regulación de la prostitución, como en Holanda o Alemania, ni tampoco abolición, como en Suecia. Ayer no hubo sorpresas en la ponencia sobre prostitución de la Comisión Mixta Congreso-Senado de los Derechos de la Mujer, que se reunió para aprobar un primer texto común de recomendaciones al Gobierno.

PSOE, Partido Popular y Convergencia i Unió votaron a favor de un informe que sostiene que la prostitución está íntimamente ligada al tráfico de mujeres y a la explotación sexual, y que no cumple los requisitos de dignidad básicos para ser considerada un trabajo. No proponen prohibirla ni penalizar a los clientes, sino fomentar medidas que hagan disminuir el ejercicio de la actividad. Lourdes Muñoz, portavoz socialista en la ponencia, explica que el informe da prioridad a la lucha contra el tráfico de mujeres, "que es la situación del 90% de las que se dedican a esta actividad en España", a las campañas de educación y de sensibilización contra la prostitución y a las medidas de atención y apoyo a las víctimas. También se insta a los medios de comunicación a autorregularse en relación con los anuncios de contactos.

"Todo son medias tintas"

Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya/Verds, Esquerra Republicana de Catalunya y Eusko Alkartasuna, votaron en contra del texto y manifestaron su intención de presentar votos particulares. La aprobación final del informe tendrá lugar el 17 de abril. "Ha sido una oportunidad perdida, estamos absolutamente decepcionados", señaló ayer Carme García, portavoz de IU-ICV, "No han querido hablar de prostitución libre, que existe, sino que defienden que todo es tráfico de mujeres. Sin embargo, no son coherentes con esta idea. Todo son medias tintas. Si todas las mujeres que se prostituyen son víctimas y están explotadas sexualmente, ¿Cómo no se penaliza a los clientes? ¿Por qué no se prohíbe? Por otro lado, el informe no contempla prestaciones y subsidios concretos y dignos que ayuden a las mujeres que lo deseen a dejar la prostitución", añade. En este mismo sentido se pronuncia Georgina Peña, de Esquerra Republicana.

El colectivo de prostitutas Hetaira reclamó ayer en un comunicado "sentido común" a las parlamentarias: "La lucha eficaz contra la trata de mujeres con fines del comercio sexual sólo es posible si se diferencia claramente la prostitución voluntaria, que debe ser reconocida legalmente, de la prostitución forzada que debe ser perseguida", señalan. Cuatro prostitutas del colectivo, que aseguraron ejercer voluntariamente esta actividad, reclamaron su derecho a ser escuchadas.