El Gobierno pacta con el PSE elevar las pensiones al 100% del salario mínimo

El Gobierno y el PSE han cerrado su tercer gran pacto de la presente legislatura: un ambicioso acuerdo, que se presenta esta mañana, en materia de política social. Uno de sus aspectos más importantes es la equiparación de las pensiones, tanto las contributivas como las no contributivas, al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijado por el Ejecutivo central y que en estos momentos asciende a 570,6 euros mensuales. Esa equiparación va a suponer un desembolso económico muy importante para el Gobierno de Vitoria. Euskadi es la primera comunidad autónoma española que da este paso.

El acuerdo alcanza al segundo Plan de Inserción y a la reforma de la Ley contra la Exclusión Social

El consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga, y su viceconsejero de Inserción Social, Manuel Vigo, firmarán hoy el pacto en Vitoria con el portavoz del grupo socialista en la Cámara, José Antonio Pastor, y la parlamentaria del PSE responsable de cuestiones sociales, Gemma Zabaleta. El acuerdo supone para los socialistas culminar una trayectoria de varias legislaturas jalonada por propuestas de todo tipo en el campo social. Sus iniciativas siempre han tenido como principales destinatarios a los perceptores de la renta básica y de las pensiones de menor cuantía.

En cuanto a las pensiones, en la actualidad es el Estado el que fija su cuantía y reparte el dinero entre las comunidades autónomas. En el caso de Euskadi, las tres diputaciones distribuyen ese dinero. Estas pensiones son de dos tipos: las contributivas (más de 468.000 este año en Euskadi) y las no contributivas (casi 10.000. Ver gráfico). Las primeras son aquéllas que cobran las personas que durante su vida laboral han cotizado a la Seguridad Social durante el número de años requeridos o sus familiares. Incluyen, entre otras, pretaciones por jubilación, viudedad y orfandad.

Las no contributivas se conceden a quienes en su vida laboral no han podido cotizar a la Seguridad Social o lo han hecho de una manera insuficiente. Son las más bajas y de dos tipos: jubilación e invalidez. En la actualidad, el Gobierno ya complementa a todos los pensionistas con una ayuda para alcanzar al menos el 87% del Salario Mínimo Interprofesional. El nuevo acuerdo supone un salto cuantitativo y cualitativo muy importante: cuantitativo, porque casi todos los colectivos de pensionistas reciben una paga inferior al SMI, y cualitativo, porque la equiparación al salario mínimo supone romper una barrera con la que hasta ahora nadie se había atrevido.

La equiparación supone una reivindicación histórica del PSE, que en los últimos años ha planteado varias propuestas en esa línea. La última fue en septiembre de 2005, cuando en una proposición no de ley instó al Gobierno a elaborar un proyecto de ley de complemento de las pensiones mínimas "con el fin de que ninguna renta se halle en Euskadi por debajo del SMI". Al final, aquella propuesta salió adelante muy matizada. Algo parecido ha intentado el PSE con los perceptores de la renta básica, cuya cuantía este año se elevará al 88% del SMI. El Ejecutivo siempre se ha opuesto a llegar hasta el 100% para que la ciudadanía no perciba que se puede cobrar lo mismo trabajando que sin trabajar, con la carga de desmotivación que ello conllevaría a la hora de buscar un empleo. En este caso, no hay conflicto con las rentas de trabajo ni desmotivación de ningún tipo.

El objetivo del Ejecutivo y el PSE es ofrecer mayor calidad de vida al colectivo de pensionistas, donde se concentran algunos de los principales focos de pobreza, como las viudas y la tercera edad. Las familias monoparentales, los jóvenes menores de 35 años que se han independizado y que se encuentran en una situación crítica y los extranjeros son el resto de colectivos que sufren mayor riesgo de exclusión social.

El pacto incluye también el segundo Plan Vasco de Inserción, el proyecto de ley de Familia, la modificación de la Ley contra la Exclusión Social y la reforma de la Carta de Derechos Sociales. En cuanto a la modificación de la Ley contra la Exclusión Social, la intención del Ejecutivo es remitirla al Parlamento para su aprobación antes del próximo verano. Con el apoyo del PSE, su aprobación en la Cámara está garantizada. Una de las novedades de esta modificación radicará en que garantizará el cobro de una ayuda económica para que los ciudadanos más necesitados puedan alquilar un piso u otro alojamiento.

Para ello, se va a crear una prestación complementaria de vivienda, que se unirá a la renta básica y a las ayudas de emergencia social (AES) para completar el bloque de subvenciones que ofrece la Ley contra la Exclusión Social, aprobada en 1998, de cara a favorecer la integración social y laboral de los ciudadanos con más problemas.

Esta nueva prestación se pondrá en marcha a través de una modificación legal de dicha norma, con lo que se convertirá en un derecho subjetivo, como ahora es la renta básica. Ello significa que todos los ciudadanos necesitados dispondrán de esa ayuda, con independencia de las limitaciones presupuestarias. La prestación para cubrir las necesidades de vivienda tiene su origen precisamente en las AES. Hasta ahora, un 80% de la partida destinada a este cometido se iba en los alquileres de vivienda, cuando la Ley de Exclusión Social fija otros objetivos para la mencionada partida.

Dentro de la modificación de esta ley, el acuerdo entre PSE y el Ejecutivo recoge la elaboración de un protocolo especial para ampliar los supuestos en los que los mayores de 18 años puedan cobrar la renta básica. En la actualidad, la edad para percibirla asciende a 23 años. El Gobierno ha defendido esta edad porque la renta no pretende facilitar la independencia de los jóvenes, sino proteger a los necesitados.