Sudán, impune

El informe de los expertos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU divulgado ayer confirma lo que se sabe desde hace años, pero nadie impide: que el Gobierno sudanés no sólo no protege a la población de Darfur de las atrocidades que viene sufriendo desde hace cuatro años, sino que él mismo ha orquestado y participa en los crímenes de guerra y contra la humanidad que se vienen cometiendo en la región más occidental del país africano, y que Estados Unidos califica abiertamente de genocidio.

Darfur es uno de los más siniestros episodios contemporáneos de vulneración masiva de los derechos humanos elementales, con el agravante de que se perpetra en la impunidad más absoluta y con la manifiesta pasividad de las potencias democráticas occidentales. Las aberraciones de Darfur (violaciones sistemáticas, incendios de cosechas y viviendas, saqueos de propiedades, torturas a gran escala, todo ello documentado pese a la catarata de impedimentos de Jartum) ocurren en un territorio misérrimo del tamaño de Francia. Han muerto por ellas alrededor de un cuarto de millón de personas y más de dos millones han tenido que huir de sus chozas desde que, a comienzos de 2003, las tribus negras de origen africano se alzaran contra la opresión histórica del Gobierno mayoritariamente árabe de Sudán.

El dictador y presidente Omar al Bachir no sólo ha impedido a la ONU que investigue desde dentro estos crímenes cometidos por su Gobierno y sus aliados sobre el terreno, sino que tiene a gala no entregar a la Corte Penal Internacional a ningún sudanés reclamado por ello. Recientemente, la CPI ha citado como sospechosos de atrocidades al que fuera ministro encargado de Darfur y a un jefe de las milicias árabes que ejecutan con ayuda del Ejército sudanés los designios de Jartum.

El impune Gobierno sudanés no se limita a boicotear a los tribunales internacionales, pese a que una resolución del Consejo de Seguridad de hace dos años le obliga a cooperar con la CPI. También ha vetado la presencia en su país de los expertos de la ONU que han elaborado el informe sobre derechos humanos divulgado ayer, a los que en diciembre prometió visados para llegar a Darfur. Y Al Bachir, con la complicidad manifiesta de Pekín y Moscú, que tienen crecientes intereses económicos en el país africano, ha conseguido impedir hasta ahora el despliegue en Darfur de una fuerza seria de interposición de la ONU, que sustituya al contingente ceremonial africano incapaz de ejercer la más mínima autoridad en la región devastada. Un sonrojante récord de infamia, que no afecta tan sólo a Sudán, sino a la entera comunidad internacional que no hace nada serio para impedirlo.