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Correa convoca una marcha nacional contra el Congreso de Ecuador

El presidente ecuatoriano pide a la gente que vaya a Quito para defender sus reformas

El presidente Rafael Correa ha convocado a los ecuatorianos a llegar a Quito desde todas las partes del país para hacer frente a un Congreso que se resiste a aprobar su proyecto de reforma constitucional. Como prometió tras asumir el poder el 15 de enero, Correa echa mano de su popularidad para imponerse en el Parlamento, dominado por el partido de su rival electoral, Álvaro Noboa, y en el que su formación no tiene escaños porque no presentó candidatos.

Quito se preparaba ayer para una semana de infarto tras la convocatoria por parte del izquierdista Rafael Correa de una marcha nacional en favor de la consulta popular para la elección, el próximo 15 de abril, de una Asamblea Constituyente que contaría con plenos poderes para reformar la Carta Magna.

Correa ha enfatizado en estos últimos días su intención de "mantener una resistencia pacífica" contra quienes se opongan a su proyecto político, pilar de su campana electoral, que, según él, llevará al país hacia el llamado "socialismo del siglo XXI", cuyo artífice es el venezolano Hugo Chávez, su amigo personal. Anoche se veían pocos seguidores de Correa en la capital, pero para los próximos días se espera una afluencia masiva de gente de todas partes, en especial campesinos, indígenas y estudiantes.

El presidente convocó la marcha después de que el Congreso destituyera esta semana al presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Jorge Acosta. En respuesta, el tribunal suspendió de sus funciones a 57 diputados de la coalición de derecha, la mayoría parlamentaria, por "interferir en el proceso electoral" de la Asamblea Constituyente.

La pugna entre el Tribunal y el Congreso, que ha provocado una grave crisis institucional, deberá zanjarla el Tribunal Constitucional, después de que el presidente del Parlamento, Jorge Cevallos, solicitara la intervención de los jueces. Alfredo Serrano, uno de los legisladores sancionados por la autoridad electoral, señaló ayer que hay buenas perspectivas para que la disputa pueda zanjarse lo antes posible, tal vez hoy mismo, lo que permitiría volver a los diputados depuestos.

Correa mantiene una popularidad que supera el 70% después de dos meses en el poder, y todo apunta a que la ciudadanía responderá a su petición para apoyar la consulta popular. El presidente ha pedido, no obstante, que no se repita lo que sucedió en las protestas del jueves pasado, cuando 350 policías y decenas de manifestantes rodearon el edificio del Congreso e impidieron con agresiones el ingreso de los legisladores destituidos. "Lo que ha hecho el Gobierno es hacer respetar el Estado de derecho. No tenemos que ver en ese conflicto", aclaró entonces Correa.

Aunque llama a la marcha pacífica, el presidente no para de incitar a sus seguidores a una "revolución ciudadana" en favor de sus objetivos políticos: "Aquellos que agredieron a los diputados están haciendo un daño a nuestra causa. No nos sentimos representados; no caigan en las trampas de la oposición que llevan a incurrir en actos violentos. Haremos resistencia civil pacífica". Correa añadió que "esa partidocracia que intentó oponerse a la consulta está derrotada, está escondida. Ni siquiera pueden marchar por las calles por la vergüenza". Que "a nadie le quede duda" que los partidos opositores se resisten a la consulta "porque saben que van a perder, se acaban los privilegios y la fiesta", señaló el presidente.

El Ejecutivo también arremetió recientemente contra los medios de comunicación, específicamente contra la prensa escrita, cuya patronal, la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), publicó el pasado viernes una misiva en la que calificaba de "intolerable" la situación política del país. "Lo único 'intolerable' es que hayamos soportado tanto tiempo mafias políticas, económicas y también informativas", respondió Correa.

La policía vigila el Congreso el pasado jueves en Quito para impedir la entrada a 57 diputados destituidos.
La policía vigila el Congreso el pasado jueves en Quito para impedir la entrada a 57 diputados destituidos.EFE

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