Las condenas por violencia doméstica se disparan del 38% al 67% con la ley integral
Un estudio encargado por Justicia analiza los cambios que ha motivado la norma de 2005
La Ley Integral contra la Violencia de Género ha invertido los porcentajes de condenas y absoluciones. Antes de su entrada, en vigor en junio de 2005, sólo el 38% de los juicios celebrados en Euskadi acababa en condena, mientras que el 62% terminaba en absolución. A partir de esa fecha, las condenas alcanzan el 67% de los casos, frente a un 33% de las absoluciones, según recoge un estudio encargado por el Departamento de Justicia. Su titular, Joseba Azkarraga, presentó ayer las conclusiones, que constatan algo ya sabido: la inmensa mayoría de las víctimas son mujeres.
El estudio, dirigido por Manuel Calvo, profesor de la Universidad de Zaragoza y ex director del Instituto de Sociología Jurídica de Oñati, tiene como objetivo conocer la respuesta que los juzgados vascos han dado a los casos de violencia machista y a la ejercida contra padres o hijos tras la entrada en vigor de la Ley Integral contra la Violencia Doméstica y de Género. Para su realización, se han recogido datos de 1.000 expedientes judiciales comprendidos entre el segundo semestre de 2005 y el primero de 2006 y se han analizado 588 casos que han concluido en sentencia, según detalló ayer Azkarraga en San Sebastián, en el marco del primer Congreso sobre Violencia de Género e Intrafamiliar organizado por su departamento.
Hasta junio de 2005, los juicios de faltas eran la respuesta judicial ordinaria en el 84% de los casos, por lo que las condenas se concretaban en una multa o una pena de arresto de fin de semana. En este último caso, y ante la falta de infraestructuras adecuadas, se daba la paradoja de que la víctima se veía obligada a compartir el hogar con su agresor durante la sanción, según resaltó el consejero. El tiempo transcurrido entre la denuncia y la decisión judicial era "excesivo" y el 62% de los juicios terminaba en absolución, frente al 38% de condenas.
Sin embargo, con la entrada en vigor de la ley integral, la situación cambia "de manera sustancial". Para empezar, lo que antes era considerado falta ahora, en la mayoría de los casos, es delito. Las absoluciones han descendido hasta el 33%, mientras que las condenas se sitúan en el 67%. Y la prisión empieza a ser el castigo principal en los supuestos de maltrato a la pareja o ex pareja, según apunta el estudio.
La respuesta de los juzgados se ha agilizado gracias a los juicios rápidos, aunque Azkarraga advirtió de que habrá que estar "alertas" para que la rapidez no impida detectar casos de violencia machista que vienen de lejos y se sancione, por tanto, sólo un hecho puntual.
Retirada de la denuncia
El pasado año el número de denuncias subió un 10% respecto a 2005 y se incoaron 3.915 asuntos penales. El consejero interpretó este dato como "positivo", pues considera que puede significar que las mujeres que sufren la violencia machista tienen menos miedo a denunciar a sus agresores que antes, y no necesariamente que se dan más casos.
Pese a eso, la mayoría de las sentencias absolutorias (el 90%) tiene su origen en la falta de pruebas, provocada a su vez, en un 77% de los casos, porque la mujer retira la denuncia o no coopera con la Fiscalía en el mantenimiento de la acusación. En un 37% de estos casos, la denuncia ni siquiera había sido formulada por la víctima, según refleja el estudio. Tras este comportamiento puede haber miedo o el deseo de dar "una segunda, tercera o cuarta oportunidad al agresor, algo que está demostrado que no sirve", comentó Azkarraga.
Agresiones a padres
La violencia de los menores hacia sus progenitores es un fenómeno en aumento durante los últimos años. Si en 2004 se tomaron medidas judiciales en un total de 43 casos, dos años después esa cifra pasó a 64, lo que supone un incremento de casi el 49%.
Aunque este tipo de violencia, al igual que las agresiones de los padres contra los hijos, son minoritarias respecto a la violencia de género, todas tienen algo en común: la mayoría de los maltratadores son hombres o jóvenes menores, y la mayoría de las víctimas, mujeres o niñas.
Esto demuestra que pervive "ese patrón de dominio del hombre respecto a la mujer", afirmó la directora de Relaciones con la Administración de Justicia, Inmaculada de Miguel. "Es un problema de valores, de cultura", subrayó Azkarraga. Y añadió que por eso es preciso dar "una respuesta multidisciplinar" a la lacra de la violencia machista, que combine medidas judiciales, educativas, culturales y de apoyo económico a aquellas mujeres que se animan a denunciar a su agresor.
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