China bendice la propiedad privada, pero la tierra seguirá en manos del Estado

Los cerca de 3.000 parlamentarios chinos que desde el lunes participan en Pekín en la sesión anual de la Asamblea Popular Nacional (APN) iniciaron ayer el debate sobre el controvertido proyecto de ley de propiedad privada, que, según el guión establecido, será aprobada el viernes de la semana que viene, durante la votación con que concluye el cónclave. Se trata de la primera legislación de su clase que introduce el país desde que los comunistas accedieron al poder en 1949 de la mano de Mao Zedong, y pretende buscar un equilibrio entre los intereses particulares y los públicos.

"A medida que se han desarrollado la apertura y la reforma de la economía, la población ha mejorado en general de nivel de vida, y necesita urgentemente la protección efectiva de la propiedad legal acumulada a través del duro trabajo", afirmó Wang Zhaoguo, vicepresidente de la APN y miembro del Politburó. La ley, que supone la plasmación de la reforma constitucional de 2004, establece que "la propiedad estatal, la colectiva y la individual están protegidas por ley, y ningún organismo o individuo puede violarlas".

Críticas conservadoras

El camino del borrador legislativo no ha sido fácil. Discutido por primera vez en 1993, ha sido objeto de fuertes críticas por parte de los más conservadores, que -en oposición a los reformistas liberales- argumentan que puede suponer una amenaza para los activos estatales, empeorar las desigualdades sociales, y dar un nuevo revés a los principios socialistas, al situar lo privado y lo público al mismo nivel.

El Gobierno del presidente Hu Jintao considera que ha llegado el momento de sacar adelante la iniciativa, aunque, en una concesión al ala crítica del partido comunista, ha introducido algunas precisiones sobre el papel protagonista del Estado en el desarrollo chino. "La nación se encuentra en la primera etapa del socialismo y debe mantenerse en el sistema económico básico, según el cual la propiedad pública predomina, coexistiendo con otras formas de propiedad", señala el texto.

La ley, de 247 artículos, define claramente conceptos como patrimonio personal, incluidos ingresos, casas, inversiones y otros activos particulares. Servirá también para proteger mejor los derechos de los campesinos, que sufren a menudo la expropiación ilegal o sin indemnizaciones adecuadas de sus tierras. Pero sigue sin autorizar la privatización de la tierra.