PP y CiU votan juntos para que se juzgue por injurias a una senadora del PSC

Unas declaraciones contra el alcalde de Tarragona van a llevar ante el Tribunal Supremo, acusada de un delito de injurias, a una senadora del PSC. Así lo decidió ayer el pleno del Senado, tras aceptar en votación secreta el suplicatorio del alto tribunal para que le fuera retirada la inmunidad parlamentaria. El debate, a puerta cerrada, fue planteado por los grupos que se oponían como una cuestión de nivel constitucional y un grave precedente que puede limitar la libertad de expresión de los parlamentarios.

La votación de los suplicatorios se realiza por un ceremonioso procedimiento de bolas blancas y negras que cada senador debe depositar en una bolsa tras bajar de su escaño. El resultado ayer fue de 128 favorables contra 121, unos números que permiten deducir, como confirmaron varios portavoces, el voto favorable de PP y CiU contra los demás.

El caso se remonta a marzo de 2005, cuando la senadora María José Elices, también concejal del Ayuntamiento de Tarragona, declaró a los medios de comunicación que el alcalde de la capital catalana, Joan Miquel Nadal (CiU), estaba implicado en el caso Terres Cavades, un asunto de corrupción urbanística muy conocido en Cataluña. Nadal presentó entonces la querella por injurias.

La condición de aforada de la senadora llevó el caso al Supremo. El alto tribunal cuenta con un informe en contra del fiscal, que considera que las declaraciones de Elices están expresamente protegidas por la inmunidad parlamentaria, ya que fueron realizadas desde su condición de cargo público y sobre un asunto de interés público. Aún así, el Supremo decidió tramitar el suplicatorio que el Senado concedió ayer.

"La libertad de expresión es uno de los mayores valores de la democracia y si hay que defenderla delante de un tribunal, lo haremos", declaró ayer solemne Elices. Para la senadora, se trata de un "mal precedente", dirigido a "judicializar la política".

El portavoz de la Entesa Catalana (PSC, ERC e ICV), Ramón Aleu, comentaba ayer en tono de incredulidad que los partidos favorables al suplicatorio no utilizaron su turno durante el debate para exponer sus argumentos. Aleu, por su parte, defendió que lo que se quiere juzgar era "una intervención política dentro del debate político". Para Aleu, el alcalde de Tarragona estaba utilizando a la justicia contra un adversario político.

"Precedente grave"

Por parte del PSOE, Antonio García Miralles explicó que "como parlamentario, cuando atacas a alguien estás dando la cara en defensa de un interés colectivo, eso es lo que está protegido" por la Constitución. García Miralles consideró también que el precedente es grave, porque llevar a alguien a los tribunales por atacar a un adversario político, "sólo con lo que tiene de coacción ya está entorpeciendo la actividad parlamentaria".

CiU y PP no hablaron. El PP mantiene una larga tradición de votar a favor de todos los suplicatorios. El Grupo Popular no intervino porque consideraba un "debate estéril" lo que los demás veían como un precedente de alto calado constitucional. En el caso de CiU, se da la circunstancia de que es precisamente el partido agraviado. El portavoz de CiU, Pere Macías, opinó que el alcalde "es un ciudadano que si se siente agraviado puede acudir a los tribunales como cualquier otro". Según Macías, Elices "trata de protegerse en el Senado de un tema de ámbito local".