Derechos de las prostitutas

El pasado 26 de febrero EL PAÍS publicaba un editorial bajo el título Prostitución sin ley a raíz de las "conclusiones" de la comisión Congreso-Senado acerca de la posible actuación legislativa sobre lo que el editorial define como "una forma ancestral de explotación de las mujeres".

Como ciudadana me indigna la manera en que se trata este tema, hablando de "la prostitución" como algo abstracto, lejano, ajeno. Se proponen diversas medidas desde sectores políticos y algunos grupos feministas, que parecen considerarse las únicas voces feministas válidas.

Pero las prostitutas de carne y hueso tienen mucho que decir y todos los demás, mucho que escuchar. Su voz no es atendida por las abolicionistas y tampoco tiene fuerza para influir en diputados que parecen incapaces de contradecir las posturas de éstas, cuyas propuestas empeoran las condiciones de vida de las prostitutas y dificultan la detección de los problemas reales de explotación, metiendo a unas (las obligadas) y a otras (las que deciden libremente) en el mismo saco: la clandestinidad.

La única ley éticamente admisible en un país en el que el resto de trabajadoras/es tenemos nuestros derechos reconocidos, estaría dirigida al reconocimiento de los derechos de las trabajadoras del sexo: su derecho a no admitir situaciones de explotación sino a exigir condiciones razonables en las que ejercer su trabajo, su derecho a decidir seguir ejerciendo la prostitución o no, y las medidas y mecanismos necesarios para que ambas opciones, libremente decididas puedan llevarse a cabo. El derecho, al fin y al cabo, a dejar de ser ciudadanas de segunda. Y es que quizás no es que "la sociedad española no ha madurado una respuesta" a este fenómeno sino los parlamentarios quienes no saben lidiar con un tema de esencial importancia tanto para este colectivo como para vivir una ciudadanía más igualitaria y justa, dejando atrás moralismos y opiniones pseudo-intelectuales desligadas de la realidad.