Andalucía garantiza la desconexión del respirador de Echevarría

La Junta de Andalucía "garantizará" la desconexión del respirador que mantiene con vida a Inmaculada Echevarría. La consejera de Salud, María Jesús Montero, aseguró ayer que, tras leer el dictamen del Consejo Consultivo andaluz, su departamento ya no duda de que lo que pide la enferma es "que se cumpla un derecho" reconocido en la Ley de Autonomía del Paciente, por lo que velará para que se respete. El informe sostiene que la actuación de los médicos que desconecten el respirador "no puede considerarse punible".

El gobierno andaluz no va a requerir más informes jurídicos ni médicos para aprobar la desconexión del respirador que mantiene viva en un hospital de Granada a Inmaculada Echevarría, la mujer de 51 años enferma de distrofia muscular progresiva que ha pedido que le retiren la ventilación mecánica. La Junta considera que el dictamen del Consejo Consultivo (el órgano de asesoramiento legal andaluz) es tan contundente que disipa cualquier duda sobre la legalidad de acceder o no a la petición de la enferma. Según aseguró ayer la consejera de Salud, ya todo depende de "la relación médico-paciente" por lo que Echevarría y el equipo que le atiende deberán acordar "en qué circunstancias" se produce la desconexión. La dirección del Hospital de San Rafael, que pertenece a la orden de San Juan de Dios, se reunirá hoy para analizar el dictamen del Consultivo y adoptar una postura.

La propia enferma ha mostrado su temor a que, al ser un centro de titularidad religiosa, le pongan trabas para acceder a su petición. Pero la consejera de Salud descartó ayer que el centro se niegue a que la desconexión se realice allí, ya que "la única" posibilidad para no cumplir el derecho reconocido a Echevarría es la objeción de conciencia. Teniendo en cuenta que ésta se aplica de forma individual y que los médicos que atienden a la enferma pertenecen al Servicio Andaluz de Salud, Montero consideró muy poco probable que el centro ponga "algún obstáculo". En cualquier caso, advirtió, "la administración sanitaria garantizará que se cumpla el derecho".

El dictamen del Consultivo, cuyo contenido se difundió ayer, es tanto o más claro. El órgano de asesoría legal de la Junta considera que "resulta exigible" que los médicos actúen "para que sea respetado el derecho" de Echevarría "a rehusar los medios de soporte vital que se le aplican".

La veintena de juristas que integran este órgano han aprobado el informe con un solo voto en contra, el de uno de los consejeros propuestos por el PP. Para elaborar el dictamen han analizado, entre otras, la ley española de Autonomía del Paciente y el convenio del Consejo de Europa para la protección de los Derechos Humanos y la dignidad del ser humano respecto de las aplicaciones de la biología y la medicina, suscrito en Oviedo el cuatro de abril de 1997 y vigente en España desde el 1 de enero de 2000.

Según el consultivo, este convenio "sienta como regla general el consentimiento libre e informado del paciente para la práctica de una intervención en el ámbito de la sanidad; consentimiento que puede ser retirado libremente en cualquier momento". Es decir, que aunque la enferma accediera hace una década a que le conectasen el respirador (aunque ella insiste en que nadie le consultó) ahora tiene derecho a revocar aquella decisión.

Los juristas sostienen que la actuación de los médicos que desconecten la máquina "no puede considerarse punible". "La práctica generalidad de la doctrina penal excluye, en todo caso, que sea delito la llamada eutanasia pasiva indirecta, porque una cosa es matar mediante un acto directo y otra cosa es dejar morir por la interrupción de un tratamiento tras la solicitud del paciente", señala el Consultivo.