La UE comunica al conselleiro de Industria que Fene no puede construir buques civiles

La posibilidad de que los astilleros de Navantia en Fene puedan construir de nuevo buques civiles ha abierto una polémica entre la Xunta de Galicia y la Comisión Europea. Las discrepancias se suscitaron tras la vista celebrada ayer del consejero gallego de Innovación e Industria, Fernando Blanco, al director general de la Competencia, Philip Lowe, para presentar un nuevo plan para Fene. La Comisión Europea "no ve justificado revisar el acuerdo con España", pero de solicitarlo el Gobierno central "tendría que devolver 1.200 millones de ayudas ilegales"

Tras su entrevista con el director general, Blanco explicó que había presentado un proyecto para aprovechar "estos activos ociosos". "Por parte de la Unión Europea se nos manifiesta", precisa Blanco, "que hay un acuerdo establecido y que en todo caso puede ser renegociado, como así figura en el propio texto del convenio, pero que ellos tienen un convenio con el Estado y que por tanto esto más que discutirlo con la Unión Europea tenemos que discutirlo con el Estado". La única vía para la renegociación del acuerdo, según la Comisión, es la devolución de 1.200 millones de euros en ayudas ilegales y la iniciativa corresponde en exclusiva al Gobierno de España.

Las palabras de Blanco fueron refutadas más tarde por el portavoz de Lowe, molesto con el balance que se había hecho de una "entrevistav no oficial, de carácter privado". La Comsión Europea dejó claro que sólo hay dos posibilidades para revisar el acuerdo entre España y la UE: por razones de seguridad nacional o en caso de una alianza del sector de la Defensa. En ninguna de las dos cabe el proyecto presentado por Hijos de J. Barreras que defiende el conselleiro.

El acuerdo establecido entre el Estado Español y la Comisión Europea, en 2005, permitió al grupo de astilleros públicos, entre ellos, Astano-Fene,eludir la devolución de unas ayudas ilegales de 1.200 millones de euros que exigía Bruselas, a cambio de comprometerse a realizar sólo actividades militares. La condonación de esas subvenciones evitó la quiebra de los astilleros públicos de Navantia, agrupados entonces en el grupo Izar.

El consejero detalló que se trataba "de un proyecto privado que no tiene subvenciones públicas, que era algo que preocupaba especialmente a la propia Dirección General de la Competencia, y que, por tanto, quien arriesga su dinero y corre sus riesgos es la iniciativa privada".

"No discuta con nosotros"

Según Blanco, es "el Estado en todo caso el que habría de renegociar este acuerdo". Añadió que "el propio acuerdo de con la Unión Europea contiene unas cláusulas que especifican que puede ser renovado. Nosotros pensamos que podía ser modificado sin que esto afectara a la competencia. Y por tanto nos parecía un proyecto que se podía desarrollar bien".

Según las manifestaciones del responsable de Innovación e Industria de Galicia, el director General de la Competencia le dijo: "No discuta esto con nosotros sino que tiene que discutirlo con el Estado".

Las declaraciones de Blanco dieron a entender que no existían problemas serios con Bruselas, aunque reconoció que se trataría "de unas negociaciones difíciles". El vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, afirmó en Ourense que "la Xunta seguirá insistiendo" y "antes o después el proyecto se pondrá en marcha. El Estado dejó desamparada a Galicia.

La Dirrección General de la Competencia, que no tenía previsto dar cuenta de la reunión, se vio obligada a salir al paso con un comunicado oficial. El portavoz de Competencia, Jonathan Todd, señaló que "no existían elementos nuevos sobre los astilleros" de Navantia en Fene tras la visita del conselleiro de la Xunta.

Todd advirtió de que "en cualquier caso, si se replantea la renovación del acuerdo para que los astilleros puedan desarrollar actividades civiles, entonces tendrán que reembolsar las ayudas ilegales que habían recibido durante los años anteriores".

"El astillero de Fene", subraya el comunicado, "puede continuar operando como factoría militar, pero para la construcción de buques civiles, independientemente de que sea privatizado o no". La revisión del acuerdo es posible, admitió el portavoz de Competencia, pero esa iniciativa corresponde exclusivamente al Gobierno de España.