El Gobierno reactiva la creación de un consejo audiovisual de ámbito estatal

El Gobierno ha reactivado la reforma audiovisual diseñada en 2005. Hace un año modificó la ley que regula RTVE, pero congeló la Ley General Audiovisual y la ley de creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, dos textos espinosos que recibieron un alud de críticas. Estos dos anteproyectos han sido redactados de nuevo por el Ministerio de Industria. Su titular, Joan Clos, tiene sobre la mesa sendas versiones que suavizan las obligaciones en materia de programación de radios y televisiones y recortan las competencias del consejo audiovisual como vigía de los contenidos.

El Gobierno inauguró la gran reforma en el sector audiovisual en febrero de 2005 a través de la ley de impulso de la televisión digital terrestre, que adelantaba el apagón analógico a 2010, establecía nuevos límites a la concentración de emisoras de radio y abría la puerta a más concesiones de televisión. Un año más tarde, el Parlamento aprobó la ley de la radio y la televisión de titularidad estatal, que ponía fin a la elección, por parte del Gobierno, del director general de RTVE.

El siguiente paso en la agenda de Industria tiene como objetivo adaptar al contexto tecnológico y social y refundir en un único texto la maraña de leyes sobre el sector. Ésa es la misión de la Ley General Audiovisual. El anteproyecto incorpora algunas de las sugerencias realizadas por operadores, productores o asociaciones de consumidores y es menos intervencionista que la primera versión, redactada en la etapa en la que el Ministerio de Industria estaba dirigido por José Montilla.

Inicialmente, el texto imponía a las empresas de radio y televisión la obligación de que su programación atendiera a los principios de "objetividad y veracidad" informativa, respetaran el pluralismo político, religioso, social, cultural y lingüístico, protegieran a la juventud y la infancia y promocionara la cultura y las lenguas de España.

Estos requisitos no aparecen ya detallados en el artículo dedicado a las "obligaciones de los titulares de los canales establecidos en España". Aunque sí impone determinados límites a la programación, como "el respeto a los derechos de los telespectadores y radioyentes y en particular la separación entre programación y publicidad". También especifica que no deben incluir "mensajes cifrados o de carácter subliminal" ni "señales de identificación falsas o engañosas".

El nuevo articulado no fija un mínimo de horas de emisión en las lenguas cooficiales para las televisiones que emiten en comunidades con lengua propia, como establecía el primer texto.

A su vez, el consejo audiovisual no tendrá entre sus competencias el control de la objetividad y la veracidad de las informaciones de las televisiones o las radios, una actividad que puso en pie de guerra a algunos medios de comunicación. No obstante, cada año elaborará un informe en el que, entre otras cosas, detallará "la evolución de los niveles de pluralismo en la radio y la televisión adoptadas o que serían necesarias para mejorarlos". El informe evaluará si los contenidos protegen a la infancia, favorecen el acceso a las personas discapacitadas, promueven el plurilingüismo o fomentan la industria de contenidos europea.

Esta autoridad reguladora estaría compuesta por 10 miembros (el texto inicial hablaba de siete) elegidos por una mayoría de dos tercios del Congreso de los Diputados y por un periodo de seis años. Al consejo se le otorgan potestades de inspección, control y sanción. Podrá revocar licencias de radio y televisión y, a la hora de adjudicarlas, su misión consistirá en emitir un informe "preceptivo y no vinculante" sobre las candidaturas presentadas a los concursos.

El consejo audiovisual se encargará también de vigilar que RTVE cumpla la misión de servicio público que le encomienda la ley, resolverá los conflictos entre los productores audiovisuales y las cadenas y aprobará el catálogo de acontecimientos (especialmente deportivos) que sean considerados de interés general. El anteproyecto consta de 24 artículos y una versión anterior recibió a finales de 2005 el informe favorable del Consejo de Estado.

El anteproyecto de Ley General Audiovisual redactado este año consta de 76 artículos y advierte en la exposición de motivos que algunos aspectos -especialmente los relativos a la emisión de publicidad y a las cuotas de programas europeos que deben ofrecer las televisiones- están sujetos a la nueva directiva comunitaria sobre Televisión Sin Fronteras. El Parlamento Europeo está metido de lleno en esta reforma, que previsiblemente se aprobará antes de verano. Que las leyes españolas vean la luz en esta legislatura dependerá de la voluntad política del Gobierno y del calendario electoral.