El fiscal esgrime el 'caso Botín' para que los policías del 'ácido bórico' eludan el banquillo

La fiscalía de Madrid no sólo no ve delito en la actuación de los jefes policiales del caso del ácido bórico, sino que, además, entiende que este asunto debe ser sobreseído y que los agentes ni siquiera deben pasar por el trance de la pena de banquillo. En el escrito remitido a la juez Gemma Gallego, instructora del caso y candidata de los jueces conservadores al Consejo General del Poder Judicial, los fiscales fundamentan su petición de sobreseimiento definitivo del caso, entre otros argumentos, en una resolución dictada el 20 de diciembre de 2006 por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

La resolución, que evitó que el presidente del Grupo Santander, Emilio Botín, se sentara en el banquillo, fue ponencia del juez Javier Gómez Bermúdez, el mismo que ahora está al frente del tribunal que juzga la matanza del 11-M y que ha sido aupado a la presidencia de esta sala por los actuales vocales mayoritarios y conservadores del Poder Judicial.

De acuerdo con la resolución de Gómez Bermúdez, para que un juez siente en el banquillo a un imputado en un procedimiento abreviado, es imprescindible que lo exijan "el ministerio público" y/o "la acusación particular". En el caso de las diligencias del ácido bórico, esgrimido por los medios próximos al PP para trazar un vínculo entre el 11-M y ETA (la llamada teoría de la conspiración), tanto la fiscalía como la Abogacía del Estado (la única acusación particular en este proceso) solicitan el sobreseimiento. En el proceso del ácido bórico existe una acusación o acción popular, representada por una asociación de víctimas patrocinada por la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, del PP. Pero la única acusación particular es el Estado.

"El juez lo acordará"

El caso que afecta a esta sustancia matacucarachas surge a raíz de que la policía halló ácido bórico en la vivienda de Hassan El Haski, uno de los principales acusados en el 11-M. Tres peritos de la policía científica hicieron un informe dando cuenta de este hallazgo y señalando que una sustancia del mismo tipo había sido encontrada en la casa de dos etarras detenidos años antes en Salamanca y en la de una activista antisistema arrestado en Madrid en 2004. Los jefes policiales de estos peritos entendieron que no cabía establecer una relación merced a ese hallazgo e hicieron otro informe omitiendo ese detalle por considerarlo intrascendente para las pesquisas del 11-M. Pero los medios afines al PP interpretaron esa omisión como un intento del Gobierno de ocultar un supuesto nexo entre ETA y el 11-M.

La juez Gallego admitió una denuncia de la asociación que patrocina Esperanza Aguirre y les abrió diligencias por falsedad. Lo más grave que vio la juez es que uno de los jefes policiales firmó unos análisis de esa sustancia que él no había realizado personalmente. Por ello, les abrió un procedimiento abreviado e instó a las partes, como marca la ley, a que acusaran o pidieran el sobreseimiento. Tras el empuje al caso de la juez, la junta de fiscales de Madrid (15 fiscales) lo analizó y entendió que no había delito en la conducta de los jefes policiales, entre ellos el jefe de la policía científica, Miguel Ángel Santano. En los procedimientos abreviados existe la tendencia de que los imputados tienen que sufrir la pena de banquillo si lo pide alguna de las partes. En este caso, sólo lo pide la asociación que patrocina Esperanza Aguirre. Para que ni siquiera se sienten en el banquillo, la fiscalía de Madrid aporta una resolución del juez Gómez Bermúdez referida a un asunto en el que la acusación popular se empeñó, sin éxito, en llevar al banquillo al presidente del Santander. La fiscalía de Madrid hace suyo el contenido de ese auto en el escrito que ha remitido a la juez Gallego.

Un auto de procedimiento abreviado, como el que la juez Gallego ha abierto a los jefes policiales del ácido bórico, implica que la juez da por concluida la instrucción, entiende que los hechos revisten carácter de delito y que hay personas presuntamente responsables. A continuación, según la ley, el juez debe dar traslado a "todas las acusaciones", sin distinción de clases, ya sean públicas, privadas o particulares, para que presenten acusación e interesen la apertura de juicio; o, en cambio, soliciten el archivo de la causa.

Hasta aquí no hay diferenciación entre las partes. Pero la Audiencia Nacional esgrimió el artículo 782 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el que ahora se basa la Fiscalía de Madrid, que dice literalmente: "Si el ministerio fiscal y el acusador particular solicitaren el sobreseimiento de la causa (...) el juez lo acordará". El legislador no habla en global de las partes: cuando quiere matizar a qué tipo de parte se refiere lo hace y diferencia entre acusador particular, privado o acción popular. En este caso, según fuentes fiscales, el artículo 782 habla nítidamente del ministerio fiscal y de la acusación particular (en este caso, la abogacía del Estado). Si ambas piden el sobreseimiento, como así ocurre en el caso del ácido bórico, "el juez lo acordará".

Las otras partes que hay en el proceso del ácido bórico son las defensas, que también piden el sobreseimiento, y la acción o acusación popular (la patrocinada por Esperanza Aguirre), que pide condena y pena de banquillo. Entiende el actual presidente del tribunal del 11-M que "el legislador usa el lenguaje con propiedad" y que cuando alude al ministerio fiscal y a la acusación particular se refiere sólo a ésas y no a las otras. Y que si esto es así, el juez no tiene más remedio que archivar.

En el escrito que la fiscalía ha remitido a la juez Gallego se indican, además, otros motivos en los que fundamenta la inexistencia de delito. Hassan El Haski, en cuya casa se halló la polémica sustancia, ha negado en el juicio del 11-M tener relación con ETA y ha tachado de "película" un asunto en el que los medios afines al PP han empleado decenas de páginas y de horas de radio.