5 millones en indemnizaciones por errores médicos

Desde una caída por un escalón mal señalizado en el centro de salud al fallecimiento de un paciente por un infarto no diagnosticado a tiempo. Los jueces condenaron el año pasado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a pagar 4,9 millones de euros por accidentes, errores médicos y negligencias denunciadas por los enfermos o sus familiares. Los responsables del SAS advierten de que los riesgos son "inevitables" y destacan que el número de reclamaciones y denuncias presentadas baja cada año. Los pacientes, por su parte, se quejan de que las indemnizaciones pueden tardar más de una década en llegar. El SAS paga una póliza de 11 millones al año a Zurich para cubrir la responsabilidad patrimonial y profesional de todos sus trabajadores.

Una indemnización de 108.689 euros para los padres y hermanos de una joven de 20 años que falleció de un infarto, después de que en las Urgencias de un hospital de Sevilla le tratasen su dolor torácico como si fuese ansiedad. 104.665 euros para la familia de una mujer que ingresó en un hospital de Granada por una dolencia grave de corazón y que murió tras esperar un año y medio a ser atendida. Algo más de 39.000 euros a una paciente, intervenida en un hospital de Torremolinos (Málaga), por una operación de juanete que acabó, tras cuatro operaciones, con la amputación del dedo gordo del pie izquierdo. Todos estos casos corresponden a sentencias o resoluciones administrativas hechas públicas en las dos últimas semanas. Tres ejemplos de las decenas que le son notificadas al SAS cada año.

En 2006, los servicios jurídicos del Servicio Andaluz de Salud recibieron 157 notificaciones de sentencias, de las que 103 fueron favorables, 39 parcialmente favorables y 15 desfavorables. Es decir, el SAS fue condenado en 54 casos, por los que los jueces han fijado indemnizaciones que ascienden en total a 4.919.664,58 euros. Con todo, esta cantidad supone sólo el 11% de las cantidades solicitadas por los denunciantes (43,5 millones).

Las cifras advierten también de que tanto las denuncias como las condenas y, por tanto, la cuantía global de las indemnizaciones desciende cada año. En 2005, los jueces notificaron 197 sentencias a la sanidad pública, de las que 118 fueron favorables al SAS, 53 parcialmente favorables y 26 desfavorables.

Riesgos "inevitables"

Los responsables del SAS advierten de que "la práctica totalidad de los actos médicos, desde una simple consulta a la intervención más sofisticada, incorpora un riesgo real". La sanidad pública realiza cada año alrededor de 100 millones de actuaciones sanitarias de diversa complejidad por lo que sus responsables considera "inevitables" los errores. Según los datos facilitados por el SAS, el Departamento de Aseguramiento y Riesgos del Servicio Andaluz de Salud tramitó 631 reclamaciones patrimoniales en 2006, lo que supone seis expedientes por cada millón de actuaciones.

El motivo más frecuente de reclamación se relaciona con caídas en los centros sanitarios, rotura de objetos personales (por ejemplo, gafas) y accidentes en aparcamientos, entre otros. A éstas le siguen, "a bastante distancia", según el SAS, las reclamaciones relacionadas con asistencias en Traumatología, Ginecología y Obstetricia y Oncología. Los hospitales concentran el 84% de las reclamaciones, frente al 16% que parten de pacientes de centros de atención primaria.

Muchos de estos casos se resuelven entre el paciente y el SAS con la mediación del Departamento de Aseguramiento y Riesgos. Pero los casos más complejos suelen acabar en los tribunales, donde, según denuncian los abogados y las asociaciones de defensa del paciente, pueden dilatarse durante años. Los datos del SAS advierten de que algunas de las 157 sentencias notificadas en 2006 corresponden a procesos iniciados en 1993, 1994 y 1995. "El SAS lo recurre todo. Se aprovecha del mal funcionamiento de la administración de justicia, sobre todo de la contenciosa", señala María Jesús Villalpando, una abogada de Sevilla especializada en casos de derecho sanitario. Desde que en 2001 empezó a centrar su trabajo en denuncias por errores y negligencias, no ha recibido aún ni una sola sentencia firme. La Junta las recurre todas y el proceso se eterniza.

"Tengo incluso casos con informes internos de la inspección de sanidad de la Delegación Provincial que reconocen la negligencia. Y el SAS me mantiene el pleito", lamenta la letrada, que actualmente lleva alrededor de 70 casos contra a la sanidad pública andaluza. En los asuntos que van por la vía contencioso-administrativa, la sentencia no se ejecuta hasta que no es firme, a no ser que el paciente presente un aval bancario garantizando que, si la Junta recurre y gana, va a poder devolver la indemnización más los intereses. "A veces son cantidades muy altas y los pacientes ni siquiera puede aspirar al aval, que además cuesta dinero", cuenta Villalpando. Así, que los afectados pueden tardar una década en cobrar. "Una justicia a 10 años no es justicia", sostiene la letrada, quien cansada de la actitud del SAS va a llevar varios de sus casos al Tribunal Europeo de Derecho Humanos.